El paso del tiempo y su consiguiente abandono han hecho mella en el claustro gótico, un monumento de extraordinaria belleza pero devorado por la maleza y completamente indefenso ante las inclemencias meteorológicas.
Desde el siglo XIX, el claustro gótico de San Francisco busca desesperadamente quien le quiera. Allá por 1835, el Gobierno Civil ordenaba a los franciscanos que allí residían que lo desocuparan para cedérselo al ente municipal de entonces, en virtud de la Ley de Desamortización. Ocho años después, la institución local se lo cedía al Ejército, para convertirlo en un cuartel. Aquel uso es el que todavía recuerdan muchos ourensanos que allí realizaron sus guardias durante el servicio militar obligatorio.
Después de que el Concello se lo comprase en 1997 al Ministerio de Defensa (a quien se lo cedió gratuitamente un siglo antes), y que inmediatamente lo volviese a ceder a Cultura sin cobrar nada, el monumento -declarado Bien de Interés Cultural en 1923cayó en desgracia. Envuelto un enfrentamiento judicial, su abandono durante cinco años propició que la maleza lo devorase al ser pasto indefenso de las inclemencias meteorológicas. Sus muros, datados en el siglo XIII, conservan su extraordinaria belleza a pesar del sangrante abandono al que se han visto sometidos. Testigos de la situación son los múltiples materiales de obra que se multiplican por las estancias, trasladados allí en su día para reparar agujeros en techos y consolidar estructuras. Lejos de ver mejorada su situación, la inactividad los condenó a una situación límite que los técnicos esperan ver finalizada en el mes de abril.
CRONOLOGÍA
14 de noviembre 1997: PP y PSOE aprueban en pleno el convenio del Concello con el Ministerio de Defensa para la recuperación del cuartel mediante el pago de 500 millones de pesetas.
5 de noviembre de 1999: Firma del protocolo entre el Concello y el Ministerio de Cultura para la restauración integral del cuartel y la construcción de espacios culturales.
7 de enero 2000: Con 15 votos a favor (PP) y 12 abstenciones (PSOE y BNG) el pleno del Concello aprueba la cesión de uso gratuita por 99 años al Ministerio de Cultura.
4 de noviembre de 2003: Adjudicación de las obras Rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado de Ourense a la UTE Constructora Hispánica S.A. y Castilla de Construcciones, ABS, por 15.062.309,70 euros.
26 de noviembre de 2003: Comienzan las obras. Su plazo de ejecución es de 36 meses.
3 de diciembre de 2004: Nueve meses después del cambio de Gobierno en Madrid, informes técnicos del expediente detectan incumplimientos de la adjudicataria como retrasos en la ejecución, falta de adscripción de técnicos y no contratación a tiempo del control de calidad. Por todo ello, se decreta la suspensión temporal de las obras y la redacción de un proyecto modificado por 1,8 millones.
29 de julio de 2005: Tras la entrega del proyecto reformado, se levanta la suspensión de la obra, que la empresa retoma. El ministerio detecta que no se ejecuta el refuerzo metálico y que se realizan obras sin permiso, por lo que opta por no tramitar más certificaciones.
30 de noviembre de 2005: La adjudicataria solicita la paralización total de la obra.
15 de marzo de 2006: Cultura acuerda el cese y sustitución de la Dirección Facultativa por un nuevo equipo técnico del ministerio. Tras este relevo en la dirección de las obras, la empresa solicita la suspensión del contrato y el pago de certificaciones.
1 de junio 2007: La empresa presenta un recurso ante del Juzgado Central de lo Contecioso-Administrativo número 4 de Madrid, aún sin resolver.
19 de diciembre de 2007: Cultura ofrece una liquidación de las obras con un saldo a favor de la Administración de 364.173,18 euros. La empresa alega un mes después.
25 de abril de 2008: El juez Manuel Arce Lana dicta una providencia por la que impide el paso a la obra.
21 de junio de 2008: El Gobierno aprueba la rescisión del contrato a la adjudicataria y se lo adjudica a Copasa (segunda clasificada en el concurso).
23 de diciembre de 2008: Cultura declara las obras de emergencia tras la suspensión de la providencia judicial el día 16.
Después de que el Concello se lo comprase en 1997 al Ministerio de Defensa (a quien se lo cedió gratuitamente un siglo antes), y que inmediatamente lo volviese a ceder a Cultura sin cobrar nada, el monumento -declarado Bien de Interés Cultural en 1923cayó en desgracia. Envuelto un enfrentamiento judicial, su abandono durante cinco años propició que la maleza lo devorase al ser pasto indefenso de las inclemencias meteorológicas. Sus muros, datados en el siglo XIII, conservan su extraordinaria belleza a pesar del sangrante abandono al que se han visto sometidos. Testigos de la situación son los múltiples materiales de obra que se multiplican por las estancias, trasladados allí en su día para reparar agujeros en techos y consolidar estructuras. Lejos de ver mejorada su situación, la inactividad los condenó a una situación límite que los técnicos esperan ver finalizada en el mes de abril.
CRONOLOGÍA
14 de noviembre 1997: PP y PSOE aprueban en pleno el convenio del Concello con el Ministerio de Defensa para la recuperación del cuartel mediante el pago de 500 millones de pesetas.
5 de noviembre de 1999: Firma del protocolo entre el Concello y el Ministerio de Cultura para la restauración integral del cuartel y la construcción de espacios culturales.
7 de enero 2000: Con 15 votos a favor (PP) y 12 abstenciones (PSOE y BNG) el pleno del Concello aprueba la cesión de uso gratuita por 99 años al Ministerio de Cultura.
4 de noviembre de 2003: Adjudicación de las obras Rehabilitación y construcción del Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública del Estado de Ourense a la UTE Constructora Hispánica S.A. y Castilla de Construcciones, ABS, por 15.062.309,70 euros.
26 de noviembre de 2003: Comienzan las obras. Su plazo de ejecución es de 36 meses.
3 de diciembre de 2004: Nueve meses después del cambio de Gobierno en Madrid, informes técnicos del expediente detectan incumplimientos de la adjudicataria como retrasos en la ejecución, falta de adscripción de técnicos y no contratación a tiempo del control de calidad. Por todo ello, se decreta la suspensión temporal de las obras y la redacción de un proyecto modificado por 1,8 millones.
29 de julio de 2005: Tras la entrega del proyecto reformado, se levanta la suspensión de la obra, que la empresa retoma. El ministerio detecta que no se ejecuta el refuerzo metálico y que se realizan obras sin permiso, por lo que opta por no tramitar más certificaciones.
30 de noviembre de 2005: La adjudicataria solicita la paralización total de la obra.
15 de marzo de 2006: Cultura acuerda el cese y sustitución de la Dirección Facultativa por un nuevo equipo técnico del ministerio. Tras este relevo en la dirección de las obras, la empresa solicita la suspensión del contrato y el pago de certificaciones.
1 de junio 2007: La empresa presenta un recurso ante del Juzgado Central de lo Contecioso-Administrativo número 4 de Madrid, aún sin resolver.
19 de diciembre de 2007: Cultura ofrece una liquidación de las obras con un saldo a favor de la Administración de 364.173,18 euros. La empresa alega un mes después.
25 de abril de 2008: El juez Manuel Arce Lana dicta una providencia por la que impide el paso a la obra.
21 de junio de 2008: El Gobierno aprueba la rescisión del contrato a la adjudicataria y se lo adjudica a Copasa (segunda clasificada en el concurso).
23 de diciembre de 2008: Cultura declara las obras de emergencia tras la suspensión de la providencia judicial el día 16.
