La teniente de alcalde de la ciudad, Marga Martín, declaró ayer durante dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, que investiga presuntas irregularidades en el servicio de atención a domicilio entre los años 2007 y 2011.
Al finalizar su declaración, realizada en calidad de imputada, la también concejala de Benestar Social se reconoció 'encantada' porque 'por fin, puiden contestar ó xuíz todo o que me preguntou'.
Martín, que respondió a las preguntas formuladas por el magistrado y por su abogado, defendió a la salida del juzgado que 'todo o que se fixo neste servizo foi legal e transparente e non hai ningunha irregularidade'. Una vez más, reiteró que todos los pasos efectuados se realizaron 'de acordo con todos os informes técnicos e xurídicos que correspondían en cada momento' y que 'non hai facturas falsas, si de regularización, como noutros moitos servizos do Concello e como houbo neste mesmo servizo con outras empresas anteriores'. La concejala entiende 'que a miña situación procesal é a mesma que cando cheguei' -declaró como imputada en unas diligencias previas en las que consta 'un delito sin especificar'-y espera que 'este proceso remate canto antes'.
los técnicos
Durante su declaración ante el juez, la concejala socialista dejó claro que su labor en el Concello es meramente política y no administrativa, por lo que no impartía órdenes a los funcionarios sobre cómo debían hacer su trabajo. Por este motivo, explicó que cuando firma una factura nunca le dan cuenta del contenido de la misma y que lo hace en base al jefe de servicio, que, aseguró, es quien la autoriza.
En este sentido, Martín también afirmó que no obligó a ningún técnico municipal a realizar ningún informe con idea de favorecer a la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio, que entonces era la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, añadiendo que tampoco dio ninguna orden ilegal a las técnicos.
La investigación judicial se centra en las facturas de regularización con las que la concesionaria ajustaba gastos del servicio, siendo los pagos por desplazamientos uno de los asuntos investigados. A este respecto, Marga Martín declaró que al inicio de la adjudicación la empresa facturó de la misma forma que lo venía haciendo la anterior concesionaria-en función de la plantilla-, por lo que ella entendió que era la forma correcta de hacerlo, toda vez que ningún órgano de control había puesto objeciones. No obstante, cuando se triplicaron los usuarios del servicio y la empresa reclamó un incremento del 20%, fue cuando el Concello decidió que era el momento de pagar por hora efectiva, siguiendo con los pagos de desplazamientos.
control de horas
Sobre estos últimos, la concejala alegó ante el juez que era la jefa de servicio la encargada de controlar las horas que se abonaban por este concepto y que, si estaba de acuerdo en pagar los desplazamientos, era porque la técnico le aseguró que estaba bien.
Además, Marga Martín afirmó que las facturas de regularización abonadas eran correctas, ya que habían seguido el procedimiento normal para su pago sin que ningún órgano municipal le hubiera hecho ninguna sugerencia sobre que no fuesen correctas.
Sobre su relación con la concesionaria, la concejala declaró que era habitual comunicarse con la empresa a través de correo electrónico, pero que eso no implica que ella tuviese la decisión sobre las cuestiones que pudiese plantear la adjudicataria. Así, y aunque reconoció que se había reunido muchas veces con los representantes de la concesionaria a lo largo de esos años, la concejala negó que le hubieran entregado alguna vez una factura en sobre cerrado.
Martín, que respondió a las preguntas formuladas por el magistrado y por su abogado, defendió a la salida del juzgado que 'todo o que se fixo neste servizo foi legal e transparente e non hai ningunha irregularidade'. Una vez más, reiteró que todos los pasos efectuados se realizaron 'de acordo con todos os informes técnicos e xurídicos que correspondían en cada momento' y que 'non hai facturas falsas, si de regularización, como noutros moitos servizos do Concello e como houbo neste mesmo servizo con outras empresas anteriores'. La concejala entiende 'que a miña situación procesal é a mesma que cando cheguei' -declaró como imputada en unas diligencias previas en las que consta 'un delito sin especificar'-y espera que 'este proceso remate canto antes'.
los técnicos
Durante su declaración ante el juez, la concejala socialista dejó claro que su labor en el Concello es meramente política y no administrativa, por lo que no impartía órdenes a los funcionarios sobre cómo debían hacer su trabajo. Por este motivo, explicó que cuando firma una factura nunca le dan cuenta del contenido de la misma y que lo hace en base al jefe de servicio, que, aseguró, es quien la autoriza.
En este sentido, Martín también afirmó que no obligó a ningún técnico municipal a realizar ningún informe con idea de favorecer a la empresa concesionaria de la ayuda a domicilio, que entonces era la UTE Troncoso Saludges Servicios Sociosanitarios, añadiendo que tampoco dio ninguna orden ilegal a las técnicos.
La investigación judicial se centra en las facturas de regularización con las que la concesionaria ajustaba gastos del servicio, siendo los pagos por desplazamientos uno de los asuntos investigados. A este respecto, Marga Martín declaró que al inicio de la adjudicación la empresa facturó de la misma forma que lo venía haciendo la anterior concesionaria-en función de la plantilla-, por lo que ella entendió que era la forma correcta de hacerlo, toda vez que ningún órgano de control había puesto objeciones. No obstante, cuando se triplicaron los usuarios del servicio y la empresa reclamó un incremento del 20%, fue cuando el Concello decidió que era el momento de pagar por hora efectiva, siguiendo con los pagos de desplazamientos.
control de horas
Sobre estos últimos, la concejala alegó ante el juez que era la jefa de servicio la encargada de controlar las horas que se abonaban por este concepto y que, si estaba de acuerdo en pagar los desplazamientos, era porque la técnico le aseguró que estaba bien.
Además, Marga Martín afirmó que las facturas de regularización abonadas eran correctas, ya que habían seguido el procedimiento normal para su pago sin que ningún órgano municipal le hubiera hecho ninguna sugerencia sobre que no fuesen correctas.
Sobre su relación con la concesionaria, la concejala declaró que era habitual comunicarse con la empresa a través de correo electrónico, pero que eso no implica que ella tuviese la decisión sobre las cuestiones que pudiese plantear la adjudicataria. Así, y aunque reconoció que se había reunido muchas veces con los representantes de la concesionaria a lo largo de esos años, la concejala negó que le hubieran entregado alguna vez una factura en sobre cerrado.
