La prohibición de que su agresor se acerque a una determinada distancia es una de las medidas de protección a víctimas de la violencia de género. En la actualidad, hay más de 450 vigentes en la provincia, que controlan las fuerzas policiales.
Con el objetivo de mejorar los controles del cumplimiento de las órdenes de alejamiento de los maltratadores con respecto a las víctimas de violencia de género, tanto la Administración de Justicia como la Subdelegación del Gobierno han dado instrucciones específicas a las fuerzas de seguridad para que realicen un control exhaustivo de las mismas, informando de los resultados a la Unidad de coordinación contra la Violencia de Género de forma periódica. No en vano, en la actualidad hay en vigor en la provincia más de 450 órdenes de protección, que ofrecen protección integral a la víctima, tanto a nivel físico (impidiendo que el agresor se acerque), como jurídico y social.
En el caso de las órdenes de alejamiento, las fuerzas de seguridad se encuentran con que cada año se incrementan este tipo de servicios, dado que algunas siguen en vigor de un año para otro, bien por estar a expensas de juicio o por resoluciones judiciales en las que se mantienen o modifican, explican fuentes de la Policía Local. De ahí que, aunque la atención puntual a la víctima pueda ser ofrecida por cualquier cuerpo de seguridad, lo cierto es que el control de las órdenes sí se reparte entre los distintos cuer pos. Cuando reciben la resolución judicial, las fuerzas de seguridad se ponen en contacto telefónico con la víctima para informarle de todos los servicios que la Administración pone a su disposición (entre ellos, el número de teléfono 016), de medidas de autoprotección y del control policial que realizarán, de forma que sea efectiva su protección.
Además, informan a las víctimas sobre el servicio de teleasistencia, gestionado por Cruz Roja y el CIMM (servicio municipal) para que estén conectadas permanentemente con las fuerzas de seguridad. Desde que se puso en marcha el dispositivo, a finales de 2005, 94 mujeres de la provincia lo han solicitado y actualmente cuentan con él 62 víctimas de la violencia de género. Este recurso (del que no se facilitan detalles por razones de seguridad) ha de solicitarse en centros de atención a la mujer.
Más control en situación de riesgo
Las fuerzas de seguridad controlan a la víctima aunque, como es lógico, el peso de los controles recae sobre el agresor, que está informado de ellos y de las consecuencias legales del incumplimiento de la orden. La vigilancia se realiza por contactos telefónicos y personalmente, tratando de evitar molestias innecesarias a la víctima y con total discrección, señalan fuentes de la Policía Local. La vigilancia se ajusta a dos niveles de riesgo, uno medio-alto (con controles diarios, mañana, tarde y noche). La Policía Local controla a este nivel seis casos. El otro nivel (bajo) corresponde al resto de casos (59 controlados por la Policía Local de las 305 que tiene conocimiento, aunque las controlen otros cuerpos policiales).
Además, hay controles específicos en situaciones en las que aumenta el riesgo de la víctima, como cuando el agresor sale de prisión o existe un regimen autorizado de visitas a los hijos, entre otros. Cada servicio da lugar a su correspondiente informe.
En el caso de las órdenes de alejamiento, las fuerzas de seguridad se encuentran con que cada año se incrementan este tipo de servicios, dado que algunas siguen en vigor de un año para otro, bien por estar a expensas de juicio o por resoluciones judiciales en las que se mantienen o modifican, explican fuentes de la Policía Local. De ahí que, aunque la atención puntual a la víctima pueda ser ofrecida por cualquier cuerpo de seguridad, lo cierto es que el control de las órdenes sí se reparte entre los distintos cuer pos. Cuando reciben la resolución judicial, las fuerzas de seguridad se ponen en contacto telefónico con la víctima para informarle de todos los servicios que la Administración pone a su disposición (entre ellos, el número de teléfono 016), de medidas de autoprotección y del control policial que realizarán, de forma que sea efectiva su protección.
Además, informan a las víctimas sobre el servicio de teleasistencia, gestionado por Cruz Roja y el CIMM (servicio municipal) para que estén conectadas permanentemente con las fuerzas de seguridad. Desde que se puso en marcha el dispositivo, a finales de 2005, 94 mujeres de la provincia lo han solicitado y actualmente cuentan con él 62 víctimas de la violencia de género. Este recurso (del que no se facilitan detalles por razones de seguridad) ha de solicitarse en centros de atención a la mujer.
Más control en situación de riesgo
Las fuerzas de seguridad controlan a la víctima aunque, como es lógico, el peso de los controles recae sobre el agresor, que está informado de ellos y de las consecuencias legales del incumplimiento de la orden. La vigilancia se realiza por contactos telefónicos y personalmente, tratando de evitar molestias innecesarias a la víctima y con total discrección, señalan fuentes de la Policía Local. La vigilancia se ajusta a dos niveles de riesgo, uno medio-alto (con controles diarios, mañana, tarde y noche). La Policía Local controla a este nivel seis casos. El otro nivel (bajo) corresponde al resto de casos (59 controlados por la Policía Local de las 305 que tiene conocimiento, aunque las controlen otros cuerpos policiales).
Además, hay controles específicos en situaciones en las que aumenta el riesgo de la víctima, como cuando el agresor sale de prisión o existe un regimen autorizado de visitas a los hijos, entre otros. Cada servicio da lugar a su correspondiente informe.
