El fiscal también imputa a su expareja en relación a la gestión de un pub
El fiscal reclama ocho meses multa, a razón de nueve euros al día, para Sonia C.P., la mujer condenada por la Audiencia en dos ocasiones por contratar a sicarios para matar a personas, que finalmente se vieron frustrados, así como la misma pena para el que fuera su pareja sentimental, Miguel Ángel C.B., por un delito societario. Precisamente, Sonia continúa en prisión cumpliendo la última condena: seis años y medio de cárcel por proponer a un sicario asesinar a la jefa de Miguel Ángel por simplemente sospechar que tenía una relación sentimental con ella.
El proceso penal en el que ahora ambos están acusados arranca de unas diligencias previas del año 2013. Tanto Sonia como Miguel Ángel formaban parte desde 2009 de la mercantil Vai-Ven do Arenteiro S.L. para explotar un bar de la plaza del Corregidor. Poseían el 75% de las acciones mientras que el otro 25% pertenecía a A.R.F.
El fiscal sostiene que la entonces pareja comenzó a administrar la empresa de forma exclusiva, apartando a su socio de cualquier toma de decisión. Y menciona dos hechos puntuales: una cuenta abierta a nombre de la empresa en la que solo figuraban ellos como autorizados para operar y el arrendamiento del pub durante el mes de julio de 2011 a otra empresa, operación por la que recibieron 8.000 euros , dinero que ingresaron en esa cuenta. En diciembre de 2011, arrendaron el bar otra vez, que pasó a llamarse Quinta Avenida durante siete meses, una operación por la que, según la acusación pública, recibieron 1.500 euros al mes.
El socio excluido remitió un escrito el 18 de noviembre de 2011 a Miguel Ángel C.B. solicitando información sobre la contabilidad de la empresa, cuentas bancarias y actos de disposición realizados a nombre de la sociedad así como en octubre de 2012 le instaba a convocar una junta extraordinaria, sin recibir ningún tipo de contestación.
Por su parte, el socio acusa a Miguel Ángel de un delito societario y apropiación indebida y a Sonia de apropiación, reclamando 18 meses de prisión y multa de seis meses (con cuota de seis euros), así como 12.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Por su parte, los inculpados niegan los hechos en tanto que, según dicen, el negocio dio pérdidas y las cuentas estaban a disposición del otro socio en la gestoría que llevaba la contabilidad.
