Un total de 455 supuestos maltratadores no pueden acercarse actualmente a sus parejas ni comunicar con ellas (teléfono, internet, carta...) por orden judicial. Alguna de ellas hace referencia a resoluciones adoptadas hace años, por sentencia firme (hay una que expira en 2017),si bien también se contabilizan las medidas cautelares adoptadas a petición del fiscal o la acusación particular mientras no se celebre el juicio.
La mayor parte de las órdenes judiciales fueron reclamadas por víctimas que viven en las ciudad (256), según lo datos que obran en poder de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer. Este órgano, creado en el año 2007 al amparo de la Ley de Protección Integral, coordina a todas las instituciones y centraliza la información para velar que se le presta la adecuada atención a las víctimas.
Su responsable en Ourense, Purificación Álvarez Villamarín, realiza desde su despacho de la Subdelegación del Gobierno un seguimiento de la violencia de género, velando especialmente por las situaciones de riesgo, para que funcionen bien todos los mecanismos legales y administrativos arbitrados para proteger a las víctimas de maltrato. Así, según comenta su responsable, toda vez que un juez dicta una ordena de protección, las fuerzas de seguridad comienzan un control continuo con autores y víctimas para verificar su cumplimiento. Lo que obliga a los distintos cuerpos a compartir archivos de información y coordinarse en las juntas de seguridad. En este momento, el protocolo para que esto sea así lo suscribieron Ourense, Carballiño, Ribadavia, Barbadás, Xinzo, Verín , O Barco y Celanova.
La petición de órdenes de protección y medidas de alejamiento experimentó un importante incremento en el último año. De las 190 reclamadas en 2009 se pasó a 277 en 2010, de las que se denegaron un 23% al estimar que la integridad de las mujer no corría peligro.
Paralelamente, también se incrementaron los delitos de quebrantamiento de condena y de medidas cautelares en 2010 (73 relacionados con la violencia familiar), un hecho que evidencia, según Álvarez, que las fuerzas de seguridad realizan bien su trabajo de vigilancia. En la provincia, las víctimas pueden solicitar móviles y brazaletes de alerta, si bien éstos últimos no se han utilizado nunca porque 'en Ourense no hay grandes distancias y estarían saltando constantemente la alarma', aseguran fuentes de la Fiscalía.
Su responsable en Ourense, Purificación Álvarez Villamarín, realiza desde su despacho de la Subdelegación del Gobierno un seguimiento de la violencia de género, velando especialmente por las situaciones de riesgo, para que funcionen bien todos los mecanismos legales y administrativos arbitrados para proteger a las víctimas de maltrato. Así, según comenta su responsable, toda vez que un juez dicta una ordena de protección, las fuerzas de seguridad comienzan un control continuo con autores y víctimas para verificar su cumplimiento. Lo que obliga a los distintos cuerpos a compartir archivos de información y coordinarse en las juntas de seguridad. En este momento, el protocolo para que esto sea así lo suscribieron Ourense, Carballiño, Ribadavia, Barbadás, Xinzo, Verín , O Barco y Celanova.
La petición de órdenes de protección y medidas de alejamiento experimentó un importante incremento en el último año. De las 190 reclamadas en 2009 se pasó a 277 en 2010, de las que se denegaron un 23% al estimar que la integridad de las mujer no corría peligro.
Paralelamente, también se incrementaron los delitos de quebrantamiento de condena y de medidas cautelares en 2010 (73 relacionados con la violencia familiar), un hecho que evidencia, según Álvarez, que las fuerzas de seguridad realizan bien su trabajo de vigilancia. En la provincia, las víctimas pueden solicitar móviles y brazaletes de alerta, si bien éstos últimos no se han utilizado nunca porque 'en Ourense no hay grandes distancias y estarían saltando constantemente la alarma', aseguran fuentes de la Fiscalía.
