La pensión para alimentos de su hija tendrá que esperar

Los acusados y testigos citados para los juicios que tendrían que celebrarse esta semana que viene tendrán que esperar meses para comparecer ante el juez. Es lo que le ocurrirá a quienes estuviesen convocados para acudir a dos de los juicios de jurisdicción penal señalados para el 28 de noviembre en el Pazo de Xustiza y que fueron suspendidos con motivo de la protesta de los jueces. Sufrirán una demora de casi tres meses, dado que la nueva fecha se fijó para el 18 de febrero de 2013.
Uno de estos procedimientos judiciales es el que debía sentar en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense a Nemesio A.D. y Rubén R.P., ambos acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas por el que el ministerio público reclama una condena de dos años y dos meses de cárcel para el primero -teniendo en cuenta una agravante de reincidencia-, y un año y un mes para el segundo.

Estos dos procesados, junto a dos agentes de las fuerzas del orden que intervinieron tras los hechos y un testigo, fueron ya citados nuevamente para el próximo 18 de febrero.


MATERIAL ROBADO

El fiscal del caso atribuye a los acusados haber accedido el 14 de mayo de 2010 a dos casetas ubicadas en una finca de Cudeiro (Ourense) tras romper un candado, en donde se apoderaron de 260 kilogramos de cobre, dos rebarbadoras, dos bicicletas y una caja de herramientas valorada en 1.400 euros.

El mismo día de los hechos, según detalla el fiscal en su escrito de calificación provisional, los dos procesados fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional cuando procedían a vender 99 kilogramos del cobre sustraído en una chatarrería de San Cibrao.

También para el 18 de febrero quedó señalada la vista oral de otro caso que debía dirimirse esta misma semana, el de un abandono de familia denunciado en 2008. Precisamente, el Juzgado de lo Penal 2 sentará en el banquillo ese día a Luis Agostinho R.G., a quien la fiscalía acusa por no satisfacer una pensión alimenticia de 250 euros mensuales para su hija desde noviembre de 2007 'hasta la fecha de hoy', pese a que debía hacerlo, según sostiene el ministerio público.

El fiscal reclama para este acusado una pena de 20 meses de multa a razón de 10 euros diarios.

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