Niegan que obligaran a tres mujeres que llegaron ilegalmente a España a ejercer la prostitución
"Las acogimos como familiares porque conocíamos su situación, que no tenían dinero". Este fue el argumento que más esgrimieron ayer dos de los tres acusados por trata de seres humanos, Antonio González Álvarez y Marianela Altagracia González, para defenderse ante las acusaciones de la fiscal durante el juicio celebrado en la Audiencia. El otro de los acusados, Erlys Antonio Ortiz Álvarez, negó que participara en la organización de ningún viaje para traer de forma ilegal mujeres desde la República Dominicana a España a cambio de dinero, cantidades que van desde los 1.800 hasta los 6.000 euros. Reconoció que conocía a algunas de las mujeres que llegaron ilegalmente a territorio europeo, porque eran amigas. La fiscal acusa a una cuarta persona, Daenelva Altagracia, pero no acudió al juicio.
El ministerio público insistió en reclamar penas que en total suman 16 años y medio de prisión, al considerar probado que los tres acusados tenían "ánimo de lucro" y que se aprovecharon de la situación de "especial necesidad y vulnerabilidad", sobre todo de una de las denunciantes, Amalfi P. G., que "no tenía dinero para pagar el viaje".
También insistió en que Marianela Altagracia y Antonio González, con quienes se alojó a su llegada a España, fueron los que la pusieron en contacto con el dueño de un club de alterne en Chantada. La fiscal basa su acusación en múltiples escuchas telefónicas en las que los acusados hablan de los viajes.
Amalfi P.G., que declaró por viodeoconferencia, aseguró que había ejercido la prostitución durante 15 días.
Sin embargo, Marianela Altagracia recordo que no la había invitado a ejercer la prostitución. "Éramos la única familia que tenía en España", afirmó.
Los tres acusados insistieron en que fue un ciudadano dominicano, Ricardo C., el que se encargó del viaje de la denunciante hasta Europa, al igual que había hecho con la misma Marianela y otras chicas años antes.
En la vista declararon policías de Extranjería que puntualizaron que los acusados ya había investigados por facilitar matrimonios de conveniencia. Sus defensas pidieron la libre absolución por falta de pruebas.
Acabaron entre las monjas adoratrices
Durante el juicio declararon Rosalía G. y Rafaela C., dos mujeres oriundas de la República Dominicana, que terminaron ejerciendo la prostitución. Las dos negaron que llegarán a España tras ofrecerles un contrato de trabajo, aunque reconocen que el ciudadano dominicano Ricardo C., fue el que se encargó de organizar su viaje. Y todas, según se puso de manifiesto en la vista, llegaron a Europa con documentación de Bélgica falsificada. Su viaje fue desde la República Dominican a Francia, Turquía, Italia y España.
Rafaela C. llegó a ser detenida en Grecia y el acusado Erlys Antonio Ortiz le facilitó su pasaporte original previo pago de 1.800 euros, que, según declaró la mujer, era lo que cobraba un ciudadano africano del que no trascendió su nombre. Todas terminaron en las monjas Adoratrices (lideran un proyecto para mujeres que quieren abandonar la prostitución) con el objetivo de buscar un empleo y encauzar su vida en España.
