La gestión urbanística de Manuel Cabezas continúa sacando a la luz casos flagrantes de pérdida de derechos para muchos propietarios. Es el caso de un vecino de Ourense, co-propietario de unas naves industriales en el Campo da Feira que el PXOM de Cabezas de 2003 las clasificó como zona verde en un área de reparto de uso termal, pero sin especificar los mecanismos para su desarrollo. La edil Áurea Soto estudiará el caso y prevé que puedan tener derecho a uso terciario u hotelero, es decir, lucrativo.
En el año 1977, Luis Ortiz Álvarez adquirió dos naves industriales en el Campo da Feira con sus usos legalizados y licencias de 1973 y 1970, respectivamente. Nueve años después, el Concello de Ourense aprobó su primer plan xeral, dejando en aquel momento las naves fuera de ordenación, privándolas temporalmente de autorizaciones para desarrollar actividad. El propietario presentó alegaciones en 1986, sin que fuesen estimadas.
Tras la muerte al año siguiente de éste, las naves pasaron a ser propiedad de sus dos únicos hijos. Uno de ellos, también llamado Luis Ortiz, recuerda que desde 1986 recibieron cientos de ofertas de venta o alquiler de las naves, pero desde el Concello siempre alegaron que no concederían licencia alguna por no estar dentro del planeamiento. Sin embargo, los propietarios han tenido que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y los seguros pertinentes (en el caso del IBI, cuantifican más de 12.000 euros desde 1991), lo que conlleva cada año un abono de 3.000 euros.
Luis Ortiz se muestra afectado porque la Administración local limitó su propiedad privada pero siempre se olvidó y se sigue olvidando de lo que la ley le impone: indemnizar al perjudicado. Cuantifica que el daño efectivo causado junto con el lucro cesante sufrido alcanzaría hoy más o menos el valor de mercado (tasado por la Agencia Tributaria en 1,2 millones de euros). En cuanto a la posible indemnización en caso de prosperar una reclamación patrimonial contra el Concello, se situaría en la misma cantidad (presentó un escrito previo a dicha reclamación en marzo de 2007, sin respuesta municipal).
Sin embargo, el colofón final llegó de la mano del PXOM de 2003, diseñado por Manuel Cabezas. Según el afectado, estas naves fueron incluidas dentro de un área de reparto (AR-36-N) destinada a usos termales, pero olvidando un requisito esencial para el desarrollo de la misma: no se presentó el estudio económico preceptivo y, en consecuencia, no explica de dónde saldrán la financiación o los recursos para la actuación termal pública que plantea. Para Luis Ortiz, la medida adoptada por el PXOM de Cabezas responde a una muy mala intención de quien lo hizo y equipara su situación al conflicto del API de A Ponte, donde varias casas, fuera de planeamiento, carecen de posibilidad de desarrollo, pese a que actualmente cuentan con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que los avala.
La edil responsable de Urbanismo, Áurea Soto, recuerda que siempre alertó de que el PXOM de Cabezas se diseñó siempre sin tener en cuenta el desarrollo de sus usos. En este caso en concreto, la concejala señala que este área de reparto (de 38.113 metros cuadrados) entra dentro del ámbito del Plan Estratéxico Termal, por lo que podría optar a algún tipo de aprovechamiento urbanístico en las naves (cuya superficie es de 19.146 metros cuadrados), aunque no de carácter residencial (sí hotelero o de uso terciario) y cuya gestión tendrá que ser con iniciativa pública. Áurea Soto matiza que los propietarios de estas naves tienen derechos y que serán estudiados y contemplados por el Concello.
Tras la muerte al año siguiente de éste, las naves pasaron a ser propiedad de sus dos únicos hijos. Uno de ellos, también llamado Luis Ortiz, recuerda que desde 1986 recibieron cientos de ofertas de venta o alquiler de las naves, pero desde el Concello siempre alegaron que no concederían licencia alguna por no estar dentro del planeamiento. Sin embargo, los propietarios han tenido que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y los seguros pertinentes (en el caso del IBI, cuantifican más de 12.000 euros desde 1991), lo que conlleva cada año un abono de 3.000 euros.
Luis Ortiz se muestra afectado porque la Administración local limitó su propiedad privada pero siempre se olvidó y se sigue olvidando de lo que la ley le impone: indemnizar al perjudicado. Cuantifica que el daño efectivo causado junto con el lucro cesante sufrido alcanzaría hoy más o menos el valor de mercado (tasado por la Agencia Tributaria en 1,2 millones de euros). En cuanto a la posible indemnización en caso de prosperar una reclamación patrimonial contra el Concello, se situaría en la misma cantidad (presentó un escrito previo a dicha reclamación en marzo de 2007, sin respuesta municipal).
Sin embargo, el colofón final llegó de la mano del PXOM de 2003, diseñado por Manuel Cabezas. Según el afectado, estas naves fueron incluidas dentro de un área de reparto (AR-36-N) destinada a usos termales, pero olvidando un requisito esencial para el desarrollo de la misma: no se presentó el estudio económico preceptivo y, en consecuencia, no explica de dónde saldrán la financiación o los recursos para la actuación termal pública que plantea. Para Luis Ortiz, la medida adoptada por el PXOM de Cabezas responde a una muy mala intención de quien lo hizo y equipara su situación al conflicto del API de A Ponte, donde varias casas, fuera de planeamiento, carecen de posibilidad de desarrollo, pese a que actualmente cuentan con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que los avala.
La edil responsable de Urbanismo, Áurea Soto, recuerda que siempre alertó de que el PXOM de Cabezas se diseñó siempre sin tener en cuenta el desarrollo de sus usos. En este caso en concreto, la concejala señala que este área de reparto (de 38.113 metros cuadrados) entra dentro del ámbito del Plan Estratéxico Termal, por lo que podría optar a algún tipo de aprovechamiento urbanístico en las naves (cuya superficie es de 19.146 metros cuadrados), aunque no de carácter residencial (sí hotelero o de uso terciario) y cuya gestión tendrá que ser con iniciativa pública. Áurea Soto matiza que los propietarios de estas naves tienen derechos y que serán estudiados y contemplados por el Concello.
