El recurso judicial presentado contra las licencias del aparcamiento de la Praza de San Antonio, en la ciudad, que afecta además a garajes de un centenar de particulares, se convertirá también en tema político a tenor de los escritos remitidos ayer por la denunciante, Cristina Rodríguez, a los dos grupos de la oposición municipal. Con la intención de informarles sobre los motivos del recurso y la situación en la que se encuentra el proceso, la denunciante critica duramente lo que considera 'un engaño masivo' en la situación judicial de la plaza.
Así, según ella, la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, 'lo único que ha hecho es legalizar los edificios y ocupación del subsuelo público mediante la concesión de licencias absolutamente ilegales -esto es lo que tendrá que dirimir la Justicia- y el pago de una desorbitada indemnización de 358.000 euros a la primitiva denunciante, no fijada por el tribunal, a cambio de que no recurriera estas nuevas licencias'. En este sentido, la recurrente cuestiona ese pago, en el que, asegura, 'se ha indemnizado una supuesta depreciación por reducción de iluminación' pagando 'una compensación muy superior a la que procedía reconocer' al abonar, asegura,'más de lo que vale su piso, que conserva, y a cambio de ello retiró otro recurso contra las licencias de legalización'.
LOS PERMISOS
Las licencias recurridas sirvieron en su día como base para que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia considerara inejecutable la sentencia que obligaba a demoler los edificios y la plaza de San Antonio.
La cuestión que tendrá que dirimirse se refiere únicamente al aprovechamiento del subsuelo de la plaza, considerada pública, para uso de particulares. De ser público, el estacionamiento tendría que ser objeto de explotación directa por parte del Concello o bien indirecta en régimen de concesión.
LOS PERMISOS
Las licencias recurridas sirvieron en su día como base para que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia considerara inejecutable la sentencia que obligaba a demoler los edificios y la plaza de San Antonio.
La cuestión que tendrá que dirimirse se refiere únicamente al aprovechamiento del subsuelo de la plaza, considerada pública, para uso de particulares. De ser público, el estacionamiento tendría que ser objeto de explotación directa por parte del Concello o bien indirecta en régimen de concesión.
