Dos sesiones de descalificaciones y críticas al gobierno local cerraron la gestión iniciada en 2011
Ni en la despedida se logró el consenso, cuanto menos un final de mandato amable. La Corporación municipal de la ciudad cerró los últimos cuatro convulsos años de gestión con dos plenos extraordinarios para aprobar actas de sesiones anteriores y el pago de la indemnización, más intereses, a la inmobiliaria Proavia; asuntos ensombrecidos por las continuas alusiones al derribo de la casa de Reza, que se coló amargamente, y cómo, en este final de etapa municipal.
El primer pleno comenzaba a las 9,30 horas y no fue más que un mero trámite de aprobación de actas que no se propagó más de cinco minutos -incluida la intervención de la nacionalista Ximena González para cargar contra la demolición con la excusa de anunciar correcciones-.
La segunda sesión llegó media hora después -el secretario no permitió adelantarla al faltar varios ediles-, cuando ya se acercaban a la Praza Maior y al Consistorio amigos de la familia de Reza afectada por el derribo. Ahí sí hubo recriminaciones y críticas, que enturbiaron el final del mandato de Agustín Fernández -un agorero, convencido de la "mala suerte" de este gobierno local socialista, aún cruzaba los dedos por temor a algún otro "marrón" hoy o mañana-. La portavoz del BNG, Susana García, no entendía la urgencia del pago a la inmobiliaria, pero su homólogo del PP, Rosendo Fernández, la justificaba con el argumento de que el interés por apurar este pago, y el derribo de la casa, es consecuencia de la amenaza judicial de multas coercitivas y una demanda por desobediencia contra el regidor. Fernández clamó contra la acumulación de los intereses de demora -"todos pagamos o incumplimento do alcalde, a razón de 1,42 euros por habitante", dijo-, que suman 166.000 euros, y aprovechó para recordar y criticar que Agustín Fernández se irá del Consistorio sin abonar de su bolsillo los 27.960 euros que establece el interventor por la parte de la urbanización de la calle donde reside; sin contar, advirtió el portavoz popular, de que el Concello aún tiene que devolver 80.000 euros de esa obra, tras haber hecho un primer pago a Hacienda de unos 30.000. "Fareino cando o PP pague os 2,5 millóns que hai que dar a Proavia pola caída do seu maldito Plan de 2003", le replicó el regidor que, en respuesta a Pérez Jácome, de DO (le preguntaba si iba a "fichar" por la constructora Copasa), anunció que el lunes se reincorporará a su puesto de inspector de Hacienda en Ourense.
Así las cosas, ni foto de familia, ni abrazos de despedida, tan sólo una salida del pleno tumultuosa, entre insultos y protegidos por la Policía.
