violencia machista

Podemos ve "sangrante" la falta de presupuesto para el pacto contra machismo

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha incluído "nada" en los Presupuestos Generales de este año, según afirma Sofía Fernández Castañón, diputada de Unidos Podemos

La diputada de Unidos Podemos en el Congreso Sofía Fernández Castañón opina que es "sangrante" que el Gobierno del PP no haya incluido "nada" en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 para dotar de respaldo económico al contenido del pacto de Estado contra la violencia machista este año.

En estos términos se expresa en una entrevista con Efe en coincidencia con el debate de las enmiendas a las cuentas de 2017 en la Cámara baja y cuando están a punto de finalizar las comparecencias previstas en la subcomisión para articular un acuerdo contra la violencia hacia las mujeres.

Después de un fin de semana negro en el que tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas (dos en Madrid y una en Murcia), la parlamentaria de Unidos Podemos reclama una dotación económica "seria, solvente y suficiente" para toda la estructura de protección y atención a las mujeres que sufren violencia machista.

"El desamparo de las víctimas ante el proceso de denuncia y el camino judicial es una dejación de responsabilidad por parte del Estado que no podemos permitirnos como sociedad supuestamente democrática", sostiene.

Fernández Castañón reconoce que la ley integral de violencia de género de 2004 fue "una buena herramienta, que hoy resulta insuficiente", por lo que, ahora, ve necesario trasladar al ordenamiento jurídico español el Convenio de Estambul para recoger todas las formas de violencia que padecen las mujeres y las niñas.

Entre los aspectos fundamentales del pacto, destaca la necesidad de destinar recursos y ofrecer formación específica para los operadores judiciales, policiales y sanitarios que intervienen en la atención de las víctimas.

Otra de las cuestiones "clave" es la atención de los niños víctimas de la violencia machista, que llegan a sufrir las trágicas consecuencias que conducen a su asesinato cuando los maltratadores agreden a sus parejas o exparejas, a través de la descendencia común.

Desde su punto de vista, el pacto de Estado debe "corregir la desigualdad estructural que está en la base de todas las violencias", lo que requiere medidas que abarcan desde la modificación de los planes de estudio para comprender el machismo hasta igualar los permisos de maternidad y paternidad o implementar políticas para reducir la brecha salarial.

"No queremos un pacto que suponga un recorte de derechos y libertades de las mujeres en grado alguno. Rechazamos una tutela que las revictimice y que no abogue por su autonomía. Exigimos que si pasan por un proceso de este tipo, encuentren el apoyo del Estado para atravesarlo sin que su dignidad como seres humanos se vea afectada", resalta.

El grupo de Unidos Podemos no está dispuesto a que el debate sobre la gestación por sustitución se cuele "de rondón al calor del pacto" de Estado sobre la violencia machista y se quiera solventar "en dos tardes".

Fernández Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI de Podemos, confía en que este acuerdo de Estado sea "posible" porque "trasciende las siglas y las dinámicas de partido, sobrepasa la agenda pequeña y mezquina de los intereses de grupo y, desde luego, no es algo que pueda justificarse alegando falta de recursos económicos".

"Mucha corrupción, mucho pelotazo y mucha macro obra ferroviaria -señala- se llevan muchísimo más dinero del necesario para remediar parte de las carencias observadas en esta materia, que son gravísimas, porque conducen al asesinato de mujeres y sus familias por el hecho de serlo y el Estado no se entera de que tiene que hacer algo".

Se muestra convencida de que "con generosidad, comprensión de la realidad expresada en la subcomisión y amplitud de miras" se podrá hacer "un buen acuerdo" porque "los derechos humanos de las mujeres y los convenios internacionales en esta materia no son negociables ni discutibles entre partidos".

También recuerda el mandato de igualdad entre hombres y mujeres que emana de la Constitución y recalca que "no puede ser que la mitad de nuestras ciudadanas se encuentre en riesgo precisamente por ser mujer". 

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