Se mantendrán vigilantes ante el anuncio del ministro de que no cerrará los juzgados de las villas
No es la primera vez que los profesionales de la Justicia en Ourense se sienten engañados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por eso abogados, procuradores y hasta secretarios judiciales valoran con cautela el anuncio de que no cerrará ninguna sede judicial con motivo de la reorganización que establecerá la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que planea el Gobierno del PP.
Todos coinciden en celebrar que "Gallardón diera marcha atrás ante la presión social" pero tildan de "ambiguas" las explicaciones dadas el pasado jueves en Santiago de Compostela. "Nos ha quedado claro que habrá siete tribunales de instancia en las grandes ciudades gallegas en vez de los cuatro inicialmente previstos -uno por provincia- pero el resto quedó en el aire", aseguraba ayer el decano del Colegio de Abogados de Ourense, Arturo González. Los abogados -añade- no se fían del ministro porque tienen una precedente claro en el que no cumplió su palabra. "Nos mintió claramente cuando en una reunión con todos los decanos de España nos dijo que no habría tasas en primera instancia y mes y medio después publicó el decreto", añade González.
Para los abogados de Ourense, tal como expresa su portavoz, el anuncio del ministro mejora claramente su postura inicial pero aseguran que no bajarán la guardia y se mantendrán "vigilantes" con la redacción final del proyecto de ley.
Más confiado se muestra el decano de los Procuradores de Ourense, Ricardo Garrido, quien cree que no tiene sentido asegurar algo que no tiene pensado cumplir por el descrédito que le supondría como político. Asegura que la rectificación de Gallardón obedece claramente a la enorme presión máxime "si tenemos en cuenta que a un político siempre le resulta difícil dar un paso atrás".
Por su parte, los secretarios judiciales se expresaron en boca del sindicato mayoritario, atribuyendo a la presión social y a la "necesidad de pacificación" la decisión de mantener los partidos judiciales, aunque contextualizan esta rectificación "en las proximidades de las elecciones municipales de 2015".
No obstante, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) advierte de que la rectificación sobre la supresión de partidos judiciales será insuficiente si el modelo de tribunales de instancia no va acompañado de un despliegue integral de la oficina judicial. "Una justicia ágil, eficaz y transparente como corresponde a una sociedad moderna y democrática precisa una estructura donde quede separada con nitidez las funciones y competencias", manifiesta.
Alcaldes de villas con juzgados como el de O Barco no tienen nada claro las intenciones del ministro. “Solo garantiza que en las siete ciudades gallegas va a haber tribunales de instancia, pero el futuro de los partidos judiciales sigue en el aire", dice el alcalde socialista Alfredo García . Y ello -añade- porque en sus declaraciones no aclara cuestiones como "si queda garantizado que en O Barco habrá dos juzgados, con las mismas competencias, el mismo personal y jueces o abrimos la posibilidad de que todo se concentre en Ourense y se mantenga O Barco con jueces desplazados, como pasó con los jueces de lo Penal, que ya no vienen”.
Por su parte, el presidente de la Macomunidad de Verín, José Luis Suárez, es partidario del voto de confianza. "Hai que creelo, non podía vir a Santiago para contar unha mentira", añade.
