El Concello de Ourense hizo uso ayer de los voluntarios de Protección Civil para reabrir las termas de Outariz y Burga de Canedo, que se habían cerrado temporalmente el pasado lunes al haber renunciado la empresa que gestionaba el servicio, Printes Security Advice, y haberse quedado en la calle los cinco vigilantes.
El gobierno local reabrió los espacios ayer, pero no lo hizo con los trabajadores habituales, que un día más se quedaron sin poder trabajar. El Concello contrató el servicio con otra empresa, Saudeter, que subrogará a los empleados y los incluirá en la plantilla, pero, según algunas fuentes, no lo hará hasta la jornada de hoy, en la que se espera que sí se recupere la normalidad y los habituales encargados de gestionar las termas públicas vuelvan a hacerlo.
Queda por aclarar quién se hará cargo ahora de la deuda contraída por la anterior empresa con los vigilantes, a quienes tienen que pagar dos nóminas atrasadas. La intención del Concello es aprovechar la incautación de la fianza depositada en su día por la adjudicataria para cubrir esas deudas.
Gestiones
Desde el Concello afirmaron que las termas reabrirían “esta mesma semana” y afirmaron que la empresa solicitó la rescisión del contrato el pasado 4 de octubre, algo que la Administración local no aceptó. Sin embargo, trataron de ponerse en contacto con la misma “por teléfono e por correo electrónico, resultando infrutuosos os intentos”. Tras conocer el despido de los empleados, acordaron resolver el contrato y buscar una alternativa.
Además de las termas de Outariz, que siguen sin estar abiertas al 100%, ya que algunos espacios permanecen cerrados desde la irrupción de la pandemia, también están en funcionamiento las de Muíño da Veiga y A Chavasqueira. Sin embargo, se mantienen los horarios restrictivos, con el cierre a las 20,00 horas, lo que motiva, según algunas fuentes, que habitualmente los usuarios salten el cierre y hagan uso del Muíño da Veiga fuera de servicio, e incluso de una poza natural cercana al río en la zona de Burga de Canedo, con el consiguiente peligro de caídas o ahogamientos.
Desde la oposición, tanto BNG como PSOE criticaron la improvisación y poca anticipación por parte del Concello que, como recuerda Luis Seara, sabía desde hace días la complicada situación de los trabajadores, que llevaban dos meses sin cobrar, y no actuó con la debida celeridad. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, se jactó ayer de haber actuado “en solo 24 horas” y señaló que si estuvieran PSOE o BNG “estarían cerradas 30 días”.
