A priori, la reclamación patrimonial de Flager no afectará al desarrollo urbanístico de la Finca Santamarina, pendiente de la evolución de Hipercor, que continúa elaborando el proyecto de su centro comercial. Tampoco el recurso presentado por la Diputación contra la urbanización por fases tendrá consecuencias (según Flager) en lo que respecta a la paralización de proyectos, dado que, en caso de que le sea estimado, simplemente se acometerán las obras de forma continuada.
En lo que respecta al cumplimiento del acuerdo privado, si la Justicia da la razón a la Diputación, ésta recibiría más suelo.
No obstante, la inmobiliaria recurrirá al Juzgado para reclamar a la Diputación los siete millones que pagó a los reversionistas de la Finca Santamarina si la entidad provincial desestima finalmente la reclamación patrimonial que presentó el pasado día 3. Con todo, el abogado de Flager, Felipe Izquierdo, aguardaba ayer que 'si la Diputación está tan segura de que nuestra reclamacion será desestimada, espero que respondan a nuestro escrito en cuatro días.
No obstante, fuentes de los servicios jurídicos de la Diputación puntualizaban ayer que tendrán que analizar en profundidad el escrito de Flager y que la respuesta se producirá mucho antes de los seis meses de plazo que fija la ley para que las administraciones respondan a este tipo de reclamaciones.
Así las cosas, y dado que la presidencia de la Diputación daba por hecho que se desestimaría la reclamación, será un tribunal -por la cuantía, Flager cree que el recurso contencioso se presentará ante el Tribunal Superior de Xustiza- el que tendrá que decidir sobre si finalmente la entidad provincial tiene que indemnizar a la inmobiliar con esos siete millones de euros que abonó a los reversionistas o con la cantidad que subsidiariamente solicita (5.399.753 euros), por entender que, de haberse reconocido los derechos de reversión en el momento de la compra, debería haber pagado 2.996.807 euros y no los 8.396.560 que abonó a la Diputación en febrero de 2002. Por el contrario, la entidad provincial reitera que el precio de la finca se fijó teniendo en cuenta que los herederos de los propietarios originales tenían derechos y que Flager era conocedora de la situación.
Asimismo, la Diputación relaciona la presentación de este escrito con la demanda presentada contra Flager para el cumplimiento de un acuerdo privado entre las partes que reconocía más derechos a la administración provincial en la Finca Santamarina. Para Izquierdo, sin embargo, 'no tiene nada que ver. La Diputación presentó la demanda en su día y esta reclamación es consecuencia de la operación realizada en Madrid en septiembre (el pago a los reversionistas)'. En todo caso, ambas partes se verán mañana las caras en la vista previa por esta demanda.
Urbanización por fases
Paralelamente a estos desencuentros, recientemente se ha sumado uno más, cuando el consejo de administración de Urbaourense (sociedad urbanística de la Diputación) presentó un recurso en el Concello contra la urbanización por fases de la finca, ratificada en la última junta de compensación. La sociedad provincial considera que esta decisión perjudica sus intereses y también los de la ciudad al dejar para las últimas etapas las propiedades de la Diputación y proyectos públicos, como el parque que se prevé en la zona. El gerente de Urbaourense, José Jesús Cudeiro, ya anunció en su día que el organismo está dispuesto a llegar al Juzgado para modificar este acuerdo.
Cinco pleitos
El pasado 2 de septiembre, la situación de la Finca Santamarina quedaba desbloqueada con el acuerdo de Flager y los herederos del matrimonio al que la Diputación había expropiado el solar en 1949 para desarrollar su escuela de capacitación agraria. Un acuerdo al que llegó sólo después de que la Justicia reconociera los derechos que los herederos (nietos y biznietos) tenían sobre la finca. Así, la inmobiliaria abonó a los reversionistas un total de 7.037.927 euros, distribuidos en 11 partes (algunas con más de un beneficiario), que incluían también las correspondientes costas procesales de los hasta cinco procedimientos judiciales que mantuvieron con la inmobiliaria.
Los pleitos que afrontó Flager desde que en 2002 adquirió la finca se fundamentaban en dos motivos: por un lado, los reversionistas con los que había llegado previamente a un acuerdo económico para adquirir sus derechos sobre la finca (a los que no le había abonado la cifra acordada). Por el otro, los que no habían ratificado esos acuerdos y reclamaban sus derechos sobre la parcela. En ninguno de los dos casos, la inmobiliaria quiso pactar al considerar que se había hecho con la propiedad de la finca por una compraventa y no por ejercitar los derechos de reversión.
Esta postura llevó a la finca a una situación judicial extrema. Por un lado, el impago de los acuerdos derivó incluso en que un juzgado pusiera precio (27 millones de euros) y fecha a la subasta de la finca (inicialmente prevista para el pasado mes de mayo, aunque después se suspendió). El trámite era una medida solicitada por los demandantes para obtener el dinero que había acordado con Flager y la inmobiliaria no abonaba a la espera de que fuera firme la sentencia que daba la razón a los reversionistas (una resolución del Tribunal Supremo agotó esta vía judicial a Flager el pasado julio). Ante esta situación, sólo un acuerdo económico con los demandantes evitaría la subasta.
Paralelamente, los reversionistas que no habían llegado a un acuerdo con Flager reclamaban en el juzgado sus derechos de propiedad sobre la finca y, mientras esperaban una resolución judicial definitiva, realizaron unas anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad para evitar que Flager pudiera venderla a otras personas o empresas. La inmobiliaria intentó entonces acotar esas anotaciones para dejar libre la parcela de El Corte Inglés, dado que la empresa madrileña ponía como condición principal que el solar para su centro comercial estuviera libre de cargas.
Sin embargo, una resolución de la Audiencia provincial en febrero pasado echaba por tierra las pretensiones de Flager, al no aceptar establecer la medida preventiva que bloqueaba el estado de la finca sobre la parte proporcional que reclamaban los reversionistas, sino sobre el total.
De nuevo, el acuerdo con los demandantes era la única opción para desbloquear la situación de la finca y poder subir al barco al buque insignia del proyecto en Mariñamansa: El Corte Inglés. De hecho, con el acuerdo con los reversionistas, que anuló todos los procedimientos judiciales con ellos, Flager pudo por fin vender la parcela a la empresa, que elabora ahora el proyecto de su centro comercial en la ciudad.
No obstante, la inmobiliaria recurrirá al Juzgado para reclamar a la Diputación los siete millones que pagó a los reversionistas de la Finca Santamarina si la entidad provincial desestima finalmente la reclamación patrimonial que presentó el pasado día 3. Con todo, el abogado de Flager, Felipe Izquierdo, aguardaba ayer que 'si la Diputación está tan segura de que nuestra reclamacion será desestimada, espero que respondan a nuestro escrito en cuatro días.
No obstante, fuentes de los servicios jurídicos de la Diputación puntualizaban ayer que tendrán que analizar en profundidad el escrito de Flager y que la respuesta se producirá mucho antes de los seis meses de plazo que fija la ley para que las administraciones respondan a este tipo de reclamaciones.
Así las cosas, y dado que la presidencia de la Diputación daba por hecho que se desestimaría la reclamación, será un tribunal -por la cuantía, Flager cree que el recurso contencioso se presentará ante el Tribunal Superior de Xustiza- el que tendrá que decidir sobre si finalmente la entidad provincial tiene que indemnizar a la inmobiliar con esos siete millones de euros que abonó a los reversionistas o con la cantidad que subsidiariamente solicita (5.399.753 euros), por entender que, de haberse reconocido los derechos de reversión en el momento de la compra, debería haber pagado 2.996.807 euros y no los 8.396.560 que abonó a la Diputación en febrero de 2002. Por el contrario, la entidad provincial reitera que el precio de la finca se fijó teniendo en cuenta que los herederos de los propietarios originales tenían derechos y que Flager era conocedora de la situación.
Asimismo, la Diputación relaciona la presentación de este escrito con la demanda presentada contra Flager para el cumplimiento de un acuerdo privado entre las partes que reconocía más derechos a la administración provincial en la Finca Santamarina. Para Izquierdo, sin embargo, 'no tiene nada que ver. La Diputación presentó la demanda en su día y esta reclamación es consecuencia de la operación realizada en Madrid en septiembre (el pago a los reversionistas)'. En todo caso, ambas partes se verán mañana las caras en la vista previa por esta demanda.
Urbanización por fases
Paralelamente a estos desencuentros, recientemente se ha sumado uno más, cuando el consejo de administración de Urbaourense (sociedad urbanística de la Diputación) presentó un recurso en el Concello contra la urbanización por fases de la finca, ratificada en la última junta de compensación. La sociedad provincial considera que esta decisión perjudica sus intereses y también los de la ciudad al dejar para las últimas etapas las propiedades de la Diputación y proyectos públicos, como el parque que se prevé en la zona. El gerente de Urbaourense, José Jesús Cudeiro, ya anunció en su día que el organismo está dispuesto a llegar al Juzgado para modificar este acuerdo.
Cinco pleitos
El pasado 2 de septiembre, la situación de la Finca Santamarina quedaba desbloqueada con el acuerdo de Flager y los herederos del matrimonio al que la Diputación había expropiado el solar en 1949 para desarrollar su escuela de capacitación agraria. Un acuerdo al que llegó sólo después de que la Justicia reconociera los derechos que los herederos (nietos y biznietos) tenían sobre la finca. Así, la inmobiliaria abonó a los reversionistas un total de 7.037.927 euros, distribuidos en 11 partes (algunas con más de un beneficiario), que incluían también las correspondientes costas procesales de los hasta cinco procedimientos judiciales que mantuvieron con la inmobiliaria.
Los pleitos que afrontó Flager desde que en 2002 adquirió la finca se fundamentaban en dos motivos: por un lado, los reversionistas con los que había llegado previamente a un acuerdo económico para adquirir sus derechos sobre la finca (a los que no le había abonado la cifra acordada). Por el otro, los que no habían ratificado esos acuerdos y reclamaban sus derechos sobre la parcela. En ninguno de los dos casos, la inmobiliaria quiso pactar al considerar que se había hecho con la propiedad de la finca por una compraventa y no por ejercitar los derechos de reversión.
Esta postura llevó a la finca a una situación judicial extrema. Por un lado, el impago de los acuerdos derivó incluso en que un juzgado pusiera precio (27 millones de euros) y fecha a la subasta de la finca (inicialmente prevista para el pasado mes de mayo, aunque después se suspendió). El trámite era una medida solicitada por los demandantes para obtener el dinero que había acordado con Flager y la inmobiliaria no abonaba a la espera de que fuera firme la sentencia que daba la razón a los reversionistas (una resolución del Tribunal Supremo agotó esta vía judicial a Flager el pasado julio). Ante esta situación, sólo un acuerdo económico con los demandantes evitaría la subasta.
Paralelamente, los reversionistas que no habían llegado a un acuerdo con Flager reclamaban en el juzgado sus derechos de propiedad sobre la finca y, mientras esperaban una resolución judicial definitiva, realizaron unas anotaciones preventivas en el Registro de la Propiedad para evitar que Flager pudiera venderla a otras personas o empresas. La inmobiliaria intentó entonces acotar esas anotaciones para dejar libre la parcela de El Corte Inglés, dado que la empresa madrileña ponía como condición principal que el solar para su centro comercial estuviera libre de cargas.
Sin embargo, una resolución de la Audiencia provincial en febrero pasado echaba por tierra las pretensiones de Flager, al no aceptar establecer la medida preventiva que bloqueaba el estado de la finca sobre la parte proporcional que reclamaban los reversionistas, sino sobre el total.
De nuevo, el acuerdo con los demandantes era la única opción para desbloquear la situación de la finca y poder subir al barco al buque insignia del proyecto en Mariñamansa: El Corte Inglés. De hecho, con el acuerdo con los reversionistas, que anuló todos los procedimientos judiciales con ellos, Flager pudo por fin vender la parcela a la empresa, que elabora ahora el proyecto de su centro comercial en la ciudad.
