MATRIMONIOS

La recuperación económica reduce los matrimonios de conveniencia

20171001161920691_result
photo_camera Las dependencias del Registro Civil de Ourense, en el edificio judicial de O Couto.

De los diecisiete casos detectados en el 2008 se pasó a los ocho del pasado año y a los solo tres del primer semestre del 2017

Los matrimonios de conveniencia para regularizar la situación de extranjeros radicados en Ourense de forma ilegal, evitando su expulsión, tuvieron su máximo apogeo en los años de la crisis con un media de 17 expedientes al año, según reconocen en la Fiscalía de Ourense. La Policía Nacional explica que los contrayentes nacionales podían llegar a cobrar hasta 3.000 euros por un matrimonio de índole administrativo más que amoroso.

Pero tanto la recuperación económica, por un lado, como la presión de las autoridades policiales y judiciales sobre estas uniones, por otro, consiguieron reducir los casos a los ocho del pasado año. Y todo apunta a que la tendencia se apuntala: sólo tres resoluciones judiciales contrarias en el primer semestre de este año.

Los años 2008, 2009 y 2010 fueron los periodos con más resoluciones judiciales negativas, con 17 caso al año, para a partir de ahí comenzar a descender hasta los ocho de 2016, el periodo con menos matrimonios ilegales desde que hay registros por parte del ministerio público.

"Preocupación"

No obstante, el fiscal encargado del Registro Civil en la provincia, Mario Brualla González, asegura que "aún persiste la preocupación de que se estén utilizando la celebración de matrimonios con un fin distinto de su naturaleza". El pasado año, según detalla, Ourense fue el partido judicial en el que la magistrada encargada del Registro Civil denegó más enlaces instados entre extranjeros y españoles (tres), seguido de Xinzo (dos). En O Barco, Bande y Verín, en una ocasión, respectivamente. En todos ellos, la resolución judicial dictada fue conforme con el informe negativo del ministerio fiscal, aunque en dos casos se presentaron recursos de alzada.

Para este fiscal, la solución para evitar los matrimonios fraudulentos mixtos entre un nacional y un extranjero pasa por "privar de efectos civiles –la residencia legal en el país al ser familiar de un ciudadano de la UE y la nacionalidad al cabo de un año– a los matrimonios salvo que haya descendencia o hayan transcurridos dos años desde su celebración, previa comprobación de sus subsistencia". De lo contrario, advierte Brualla, "las mafias siempre intentarán esta vía y se aprovecharán de gente más o menos desesperada" . Sin olvidar, "el aumento de medios" para vigilar estos abusos.

La Brigada de Extranjería de la Comisaría de Policía de Ourense detectó en los últimos años grupos organizados para favorecer la regularización fraudulenta de extranjeros, con gestorías e incluso despachos de abogados involucrados –un caso en Verín que está pendiente de juicio–.

Motivos sospechosos: no saber el nombre del suegro

Desde 2008, según comenta el fiscal Mario Brualla, el trabajo policial en Ourense en coordinación con el de los juzgados se intensificó para detectar uniones conyugales interesadas en la regularización de extranjeros. Y ello, conscientes de que las organizaciones ilícitas tantean los registros civiles de las distintas provincias para intentar localizar dónde hay mayor coladero en las comprobaciones. En la provincia, 122 expedientes denegaron matrimonios hasta la fecha.

 "Las entrevistas de las audiencias reservadas son más exhaustivas, se averigua la situación legal, se comprueba la convivencia...", explica Brualla. Las grandes diferencias de edad, la falta de complicidad entre los contrayentes –discrepancias en aspectos básicos como nombres de suegros o hermanos–, el hecho tan siquiera de no hablar el mismo idioma o el que haya una resolución de expulsión por medio son motivos más que suficientes para sospechar de la pretendida unión conyugal. Hay circunstancias que también son llamativas, como que una mujer quiera casarse con alguien del que tiene una orden de alejamiento, fallando de entrada el respeto mutuo entre cónyuges que reconoce el Código Civil .

Asimismo, la Subdelegación intensificó las comprobación de las parejas de hecho entre español y ciudadano extranjero no europeo comunitario y el Obispado vigila las uniones sospechosas por la vía canónica. 

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