Abogados y procuradores alertan de los problemas que atraviesa Instancia 6 y urgen soluciones
A los problemas de siempre -una plantilla muy ajustada y exceso de actividad para un órgano judicial con funciones exclusivas pero no excluyentes- se suma desde hace meses las consecuencias de la huelga en la Administración de Xustiza en los primeros meses de este año. El Juzgado de Familia de Ourense (Instancia 6), creado en 2008, se encuentra totalmente colapsado, según valoraron ayer la decana del Colexio de Avogados, Pilar López-Guerrero, y de los Procuradores, Ricardo Garrido, en alusión a "la situación sangrante" que soporta este órgano y que hacen el día a día exasperante "porque afectan á vida dos cidadáns". En estos momentos, es el juzgado que, según dicen, está peor.
El órgano donde se dirimen las separaciones, divorcios, guardia y custodia de menores, modificaciones de medidas, adopciones, filiaciones, además de la emancipación de menores, incapaces y los internamientos, entre otros procedimientos, afrontó en lo que va de año 1.544 demandas, una cifra "muy superior a la media gallega", dijo López-Guerrero, aclarando que otros 400 asuntos están pendiente de incoación (tramitación).
Garrido aludió a ejemplos prácticos que afrontar los procuradores y que suscitan las quejas de sus clientes porque la tramitación procesal en ese juzgado es lenta. "Los clientes se quejan de circunstancias que no entienden como que tengan que esperar uno o dos meses para que se le extienda un talón y así poder cobrar una pensión alimenticia desde que está acordado el pago", aseguró.
Los profesionales de la judicatura urgen a la Xunta, TSXG o al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar medidas para ampliar la plantilla, cubrir las bajas o crear un juzgado exclusivo y excluyente. Lo contrario supone una discriminación más para una provincia "no furgón de cola". Mostraron su preocupación porque Instancia 6 pierde a la jueza de refuerzo a finales de este mismo mes.
El servicio de mediación intrajudicial, en peligro
Los dos colegios acordaron dirigirse con una queja-denuncia conjunta al Tribunal Superior de Xustiza, la Xunta, el Consejo General del Poder Judicial y a la Valedora do Pobo para "esixir a toma de medidas que palíen coxunturalmente pero tamén que se analice o tema de forma estrutural, sin parches", dijo Pilar López-Guerrero.
La decana también dijo que el convenio con la Xunta para desarrollar el servicio de mediación intrajudicial del año 2018 aún se recibió ayer. Hasta ahora se mantuvo, por el compromiso de los profesionales. "Estos convenios non se poden facer a finais do ano" porque hacen peligrar el servicio, aclaró.
La decana duda que en estas condiciones se puedan seguir prestando el servicio.
