Una joven de 26 años volvió ayer, esta vez ante tres jueces de la Audiencia de Ourense, dos de ellas mujeres, a relatar los abusos sexuales que, según su versión, sufrió desde que era menor por parte de su padrastro. La denunciante asegura que fueron seis años en los que el exmarido de su madre la obligaba a mantener relaciones con penetración y no consentidas de forma continuada. Entre los años 2010 y 2013, según sostiene, “cada dos o tres días”, asegura. Con la mayoría de edad, los abusos continuaron e incluso se quedó embarazada a los 20. Tiene un hijo con el inculpado que actualmente tiene cinco años y medio.
La psicóloga del Imelga que la examinó dio credibilidad a su testimonio, según aseguró la letrada de la perjudicada a la salida del juicio, que se celebró a puerta cerrada. Los peritos aseguran que su versión a lo largo del tiempo es “coherente, continuada, persistente y sin discrepancias”. Consideran que con la denuncia la joven “no obtiene beneficios ni ganancias secundarias”. Y ello pese a que, según el acusado, la supuesta víctima actúa movida “por móviles económicos” y para quitarle la custodia de su hermanastra (hija del acusado y su madre).
Los médicos también aprecian un cuadro de estrés postraumático, por el que requiere medicación y atención terapéutica, compatible con los abusos sexuales sufridos de forma reiterada.
El investigado asegura que solo se acostó con su hijastra en tres ocasiones (en una de ellas se quedó embarazada) en un corto periodo de tiempo cuando “ya era mayor de edad”. Según esa versión, la joven se le insinuó y lo provocó.
La Fiscal reclama 14 años de prisión, uno más la acusación particular, que quiere que pague una pensión al niño de 250 euros
La fiscal y la acusación particular, frente a la absolución que invoca la defensa, reclama penas de 14 y 15 años de cárcel, respectivamente, por un delito continuado con agresión sexual con abuso de superioridad. La indemnización por los daños morales ocasionados se mueven en la horquilla de los 100.000 y 150.000 euros. La letrada que representa a la víctima, además, añade la filiación paterna no matrimonial para que abone una pensión de 250 euros al mes a su hijo, la exclusión del ejercicio de patria potestad, el mantenimiento de los apellidos de la madre y una orden de alejamiento e imposibilidad de comunicación con respecto a ella y el niño (a 500 metros) durante 15 años.
La denunciante, oriunda de Bulgaria, llegó a España cuando tenía 12 años y poco después comenzó su particular odisea. El padrastro iba al instituto a recogerla las tardes de los martes y los jueves porque quedaba más tiempo en la ciudad por el balonmano. Asegura que, a principios de 2010, la abordó tras detener el coche en una zona apartada de la carretera cuando regresaban a casa. Los gritos de la menor lo detuvieron. Al día siguiente, lo intentó de nuevo -sostienen las acusaciones- y la penetró vaginalmente. Esa fue la primera vez de muchas en las que, según sostiene la fiscal, “era forzada con el empleo de la fuerza”. Describe escenas en las que el inculpado la sujetaba con fuerza por el cuello.
La joven se quedó embarazada con 17 años, momento en el que mantenía una relación con un chico de su edad. Sufrió un aborto, pero no sabe quién era el padre porque el acusado aun tenía relaciones esporádicas con ella.
