El joven, menor en el momento de los hechos, afirma que viajó de forma voluntaria con los acusados

La supuesta víctima de un secuestro desmonta el caso

Paulo Rafael da Silva Freitas y Francisco Javier González Pereira, ayer en el Juzgado de lo Penal 1. (Foto: MARTIÑO PINAL)
El proceso penal abierto en abril de 2010 contra Paulo Rafael da Silva Freitas y Francisco Javier González Pereira por un supuesto delito de detención ilegal, al haber privado de libertad a un menor de 15 años al que se encontraron en la estación de tren de Oporto, se desinfló al entrar en la sala de lo Penal 2.
La víctima, hoy mayor de edad, quien declaró por videoconferencia, aseguró ayer que viajó hasta Ourense de forma voluntaria con los acusados porque le ofrecieron un trabajo, cuidando ganado, a cambio de un salario. Pese a que reconoció que la primera noche -estuvo dos en España- , el primero de los inculpados le cerró la puerta del habitáculo en el que dormía, tenía libertad para entrar y salir de la casa. También puntualizó que nunca fue golpeado si bien un día lo amenazaron con un machete para que trabajara.

La supuesta víctima relató que los acusados le prestaron el teléfono en dos ocasiones para que llamase a su madre y le dijera que estaba trabajando en Oporto, en vista a no intranquilizarla.

La versión amable dada por el joven sobre su periplo en Ourense no coincidió con la ofrecida por los policías que lo liberaron. No sólo aseguraron que cuando lo rescataron el 13 de abril de 2010 estaba asustado, lloraba y decía que tenía miedo porque le habían pegado. 'La puerta estaba cerrada por fuera con pestillo y, según entró uno de los policías, se abrazó a él', dijo uno de los dos agentes que testificó. Su compañero añadió que el niño les había contado que apenas le daban de comer, que le pegaban si decía su edad y que estaba encerrado en un cuarto sin condiciones higiénicas.

Por contra, también declaró un peluquero que destacó que el menor había quedado solo en su negocio mientras le cortaba el pelo.

Los acusados negaron en todo momento que fuera retenido contra su voluntad. Da Silva Freitas relató que le ofreció el trabajo, sin saber la edad, porque se acercó a ellos porque tenía hambre.

La fiscal reclamó una pena de tres años de cárcel para cada uno de los acusados por detención ilegal y un año y medio más para Paulo Rafael porque en el registro de la casa apareció un revólver. En sus conclusiones definitivas, introdujo la alternativa de un condena por coacciones, con la misma pena.

La defensa, por contra, planteó la libre absolución porque 'no cabe en cabeza humana que una persona secuestrada deambule con total libertad por el pueblo'.

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