El Juzgado de lo Penal 2 tenía que juzgar ayer a cinco procesados por un siniestro laboral que dejó con una incapacidad permanente total a un peón de una empresa constructora, J.L.Y.S., en el año 2003, en la ciudad, aunque no lo hizo, al no estar citado el representante legal de una promotora que podría tener que hacer frente, de forma subsidiaria, a las elevadas indemnizaciones en litigio.
Fuentes cercanas al caso indicaron que las partes personadas en el caso plantearon, en una breve vista en la que se acordó suspender el juicio, una posible circunstancia de nulidad en las actuaciones, al no habérsele dado traslado del procedimiento al representante de esta promotora cuando se acordó iniciar la fase de juicio oral. En todo caso, la vista para dirimir responsabilidades por el grave accidente que, según sostiene la acusación particular, dejó al obrero con una 'gran invalidez', se demorará más en el tiempo, al haber transcurrido ya más de nueve años de los hechos.
El fiscal del caso acusa al representante de la empresa de construcción Costa Lousado S.L., Manuel C.L., así como a Pedro A.B., que ostentaba el cargo de encargado de obra cuando ocurrió el siniestro, así como a los arquitectos técnico y superior Covadonga M.F. y Luis C.V., respectivamente, por su presunta relación con el siniestro.
La acusación particular, además, también acusa a Carlos F.L., quien, según esta parte, impartía órdenes de trabajo en la obra en la que ocurrieron los hechos. El suceso que dejó con una incapacidad a J.L.Y.S. ocurrió el 18 de febrero de ese año. Ese día, la víctima se hallaba trabajando en un inmueble de la calle Hernán Cortés de Ourense que debía ser derruido para su posterior edificación. Según el fiscal, la víctima se encontraba, por orden de Pedro A.B., desencofrando la rampa de una escalera sobre las tablas sueltas de un andamio que incumplía la normativa de seguridad vigente. Estando a más de un metro de altura, cayó y se hirió de gravedad.
El fiscal pide un año y 10 meses de prisión para Pedro A.B., Manuel C.L., Covadonga M.F. y Luis C.V. y 94.800 euros para el peón. La acusación particular, dos años de cárcel para cada uno de estos cuatro acusados, además de para Carlos F.L., y 411.000 euros para la víctima.
El fiscal del caso acusa al representante de la empresa de construcción Costa Lousado S.L., Manuel C.L., así como a Pedro A.B., que ostentaba el cargo de encargado de obra cuando ocurrió el siniestro, así como a los arquitectos técnico y superior Covadonga M.F. y Luis C.V., respectivamente, por su presunta relación con el siniestro.
La acusación particular, además, también acusa a Carlos F.L., quien, según esta parte, impartía órdenes de trabajo en la obra en la que ocurrieron los hechos. El suceso que dejó con una incapacidad a J.L.Y.S. ocurrió el 18 de febrero de ese año. Ese día, la víctima se hallaba trabajando en un inmueble de la calle Hernán Cortés de Ourense que debía ser derruido para su posterior edificación. Según el fiscal, la víctima se encontraba, por orden de Pedro A.B., desencofrando la rampa de una escalera sobre las tablas sueltas de un andamio que incumplía la normativa de seguridad vigente. Estando a más de un metro de altura, cayó y se hirió de gravedad.
El fiscal pide un año y 10 meses de prisión para Pedro A.B., Manuel C.L., Covadonga M.F. y Luis C.V. y 94.800 euros para el peón. La acusación particular, dos años de cárcel para cada uno de estos cuatro acusados, además de para Carlos F.L., y 411.000 euros para la víctima.
