Fue el último de los grandes proyectos empresariales que de-sembarcó en Ourense y, en sólo cinco años, ha dado en quiebra. En 2007, T Solar Global anunciaba su implantación en Ourense con un proyecto de última generación para fabricar los paneles solares más innovadores del mercado, elaborados con silicio amorfo de capa delgada, que permitía generar placas de gran tamaño (5,7 metros cuadrados).
Ourense acogía la segunda fábrica del mundo (y la única en Europa) en emplear esta tecnología, que iniciaba su actividad en pruebas a principios de 2008 y se inauguraba oficialmente en octubre de ese año, con una inversión de 80 millones de euros y la creación de 200 empleos.
La empresa recibió importantes apoyos para la instalación, que los sindicatos cifran en 16 millones de euros. Así, se ubicó en el Parque Tecnológico donde el suelo se comercializa a 45 euros por metro cuadrado (un total de 28.630 metros cuadrados), la mitad del precio de mercado del entorno. Además, el Inorde le otorgó una ayuda de 100.000 euros para la compra del terreno. La Xunta, entonces en manos del gobierno bipartito, apoyó la implantación con una subvención directa de 5,84 millones de euros a través del Igape, un aval financiero -también a través del Igape- sobre el 50% de un préstamo de 20 millones de euros, y la participación de Xes Galicia (una sociedad de capital riesgo participada por la Xunta) en el capital social de la empresa (un 29%). También recibió créditos blandos de Caixa Galicia y Caixanova (esta última también participó en el capital).
Pero los primeros problemas surgieron pronto. En 2010, recién anunciado el fin de las primas a las energías renovables, la empresa paró su actividad varios meses, entonces sin proceder a un ERE (con cargo a la bolsa de horas de los empleados). La Xunta (ya con el PP en el Gobierno autonómico) salió en su apoyo con un préstamo de cinco millones a través de Xesgalicia.
El verano pasado, regresaban los problemas a la factoría, ya que no sólo el fin de primas había dado al traste con todos los informes de previsiones de actividad, sino también por la competencia china. En julio comenzaba un ERE de suspensión de actividad de tres meses, a cuyo término se aprobó otro de cuatro. En febrero de este año, cumplido el plazo de este segundo ERE, la empresa siguió sin retomar su actividad, y dio permiso retribuido a sus trabajadores, actualmente 170. A principios de marzo, la firma anunciaba su entrada en concurso de acreedores, incapaz de hacer frente a una deuda de 61 millones de euros, aunque desde la empresa aseguraban que era con intención de recuperar la viabilidad. No obstante, el pasado 12 de abril, se presentaba un expediente de regulación para despedir a toda la plantilla.
La empresa recibió importantes apoyos para la instalación, que los sindicatos cifran en 16 millones de euros. Así, se ubicó en el Parque Tecnológico donde el suelo se comercializa a 45 euros por metro cuadrado (un total de 28.630 metros cuadrados), la mitad del precio de mercado del entorno. Además, el Inorde le otorgó una ayuda de 100.000 euros para la compra del terreno. La Xunta, entonces en manos del gobierno bipartito, apoyó la implantación con una subvención directa de 5,84 millones de euros a través del Igape, un aval financiero -también a través del Igape- sobre el 50% de un préstamo de 20 millones de euros, y la participación de Xes Galicia (una sociedad de capital riesgo participada por la Xunta) en el capital social de la empresa (un 29%). También recibió créditos blandos de Caixa Galicia y Caixanova (esta última también participó en el capital).
Pero los primeros problemas surgieron pronto. En 2010, recién anunciado el fin de las primas a las energías renovables, la empresa paró su actividad varios meses, entonces sin proceder a un ERE (con cargo a la bolsa de horas de los empleados). La Xunta (ya con el PP en el Gobierno autonómico) salió en su apoyo con un préstamo de cinco millones a través de Xesgalicia.
El verano pasado, regresaban los problemas a la factoría, ya que no sólo el fin de primas había dado al traste con todos los informes de previsiones de actividad, sino también por la competencia china. En julio comenzaba un ERE de suspensión de actividad de tres meses, a cuyo término se aprobó otro de cuatro. En febrero de este año, cumplido el plazo de este segundo ERE, la empresa siguió sin retomar su actividad, y dio permiso retribuido a sus trabajadores, actualmente 170. A principios de marzo, la firma anunciaba su entrada en concurso de acreedores, incapaz de hacer frente a una deuda de 61 millones de euros, aunque desde la empresa aseguraban que era con intención de recuperar la viabilidad. No obstante, el pasado 12 de abril, se presentaba un expediente de regulación para despedir a toda la plantilla.
