Las plazas deben incluirse en la OPE para todos los servicios, solo posible tras aprobar la RPT
La cobertura de 32 plazas para el mermado cuerpo de la Policía Local está en jaque por los distintos trámites pendientes que el Concello de Ourense tiene en materia de recursos humanos, como reconoció este jueves la edil delegada, Flora Moure, tras la junta de gobierno, apuntando que cualquier posibilidad de ampliar la plantilla policial está ligada a sacar adelante una Oferta Pública de Empleo (OPE) para todos los servicios, lo que a su vez necesita la luz verde definitiva a la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
"La ley de Función Pública nos dice que la OPE tiene que contener todos los puestos de interinos y aquellos que se incorporaron por una sentencia judicial", señaló la edil de Personal, que recordó los problemas surgidos en la primera mesa de negociación para tratar la propuesta del gobierno municipal, que pretende dotar 136 plazas en el Concello. "La mayor parte de los sindicatos se negaron incluso a estudiar lo que planteamos, lo que vamos a hacer es incidir, como nos dice la ley", comentó Moure.
Fiscalización
La concejala del PP se refirió también al momento de la tramitación de la RPT, que tras ser validada en mesa de negociación se encuentra en estos momentos en el departamento de Intervención, que debe emitir un informe de fiscalización que dirá si es necesario introducir o no correciones en el expediente. Al igual que sucedió con el Plan Xeral de Ordenación Municipal, el funcionario dispone de un máximo de tres para emitir sus consideraciones.
Preguntada Moure sobre si le preocupa el recurso judicial interpuesto por Ourense en Común para pedir la paralización de la RPT, la edil señaló que "a día de hoy no tenemos constancia de ninguna decisión judicial".
El partido de la oposición insistió este jueves en "que a RPT non se pode aprobar ata que haxa unha resolución do TSXG", asegurando que "se o goberno segue adelante, non nos quedará outra que pedir medidas cautelares".
Con un festivo de por medio, el orden del día de la junta de gobierno celebrada ayer fue más ligero de lo habitual, con solo 14 asuntos tratados. Destacó la edil Flora Moure, encargada de explicar los acuerdos adoptados, la aprobación del procedimiento para contratar el servicio de vigilancia de la salud y actividades preventivas y médicas para el personal del Concello, que contará con un presupuesto de 265.000 euros.
Por otro lado, se dio cuenta de una sentencia que estima parcialmente el recurso de varios particulares, a los que el Concello deberá devolverles el IBI de 2012, aunque no el de los años 2013, 2014 y 2015, como también reclamaban.
El gobierno adjudicó también el contrato para mantener servidores y cabinas de almacenamiento.
