El PSOE pidió explicaciones sobre el pago de 215.000 euros en la gasolinera en la que es socio el diputado y alcalde de Cualedro
La Diputación de Ourense fue unánime para rechazar la "privatización encubierta" de los registros civiles y acordó instar al Ministerio de Justicia a que revoque esa decisión y "dé marcha atrás", para que sigan siendo un servicio público, de calidad y gratuito para todos los trámites y certificaciones.
El pleno ordinario del mes de marzo del organismo provincial debatió una moción del grupo del PSOE en este sentido, que terminó con la salida de los dos diputados del BNG del salón de plenos por un enfrentamiento dialéctico con el alcalde de Xinzo de Limia, Antonio Pérez.
El texto, aprobado por unanimidad, rechaza la "posible mercantilización" de los datos personales de los ciudadanos y acuerda "exigir" que cualquier reforma del registro civil mantenga la gratuidad que tiene ahora.
Entre los acuerdos alcanzados se encuentra la aprobación definitiva de los datos económicos de 2014, cuyo remanente de tesorería es de 25 millones de euros, considerado "récord histórico" por el presidente de la institución, José Manuel Baltar.
Además, se aprobaron las bases para el programa de cooperación con los ayuntamientos de la provincia 'Ben Ourense infancia', que destinará en el presenta año 200.000 euros para puntos de atención a la primera infancia en toda la provincia, que tienen titularidad municipal y están en municipios de menos de 5.000 habitantes, para niños de 3 meses hasta 3 años.
DOCE MILLONES PARA OBRAS
Otro de los acuerdos fue el de la aprobación definitiva del plan provincial de cooperación en obras y servicios municipales a los que la institución provincial destinará 12 millones de euros, y los ayuntamientos 1,6 millones para obras que suponen mejoras en la red viaria y atención a los ayuntamientos en situación de "insuficiencia financiera manifiesta".
Por otra parte, en el apartado dedicado a ruegos y preguntas, el portavoz del PSOE, José Ignacio Gómez, pidió explicaciones al presidente José Manuel Baltar sobre la posible situación de incompatibilidad del alcalde de Cualedro, Luciano Cuquejo, que es diputado provincial.
En una rueda de prensa anterior al pleno y en ruegos y preguntas durante la sesión, Gómez detalló que Cuquejo es socio en la estación de servicio Abrea-Cuquejo SL, situada en su municipio, y que la facturación de esa gasolinera incluye al menos 215.000 euros de facturación a la Diputación y al propio ayuntamiento que preside, entre los años 2010 y 2014.
Gómez añadió que la misma estación de servicios suministró combustible a vehículos de la mancomunidad de la zona.
Recordó a Baltar que el grupo socialista "aún espera" el informe de intervención pedido, sobre la posible incompatibilidad creada, y el presidente respondió no tener constancia de esa situación.
