El uso urbanístico de A Chavasqueira, en manos del Consello Consultivo

Ámbito de A Chavasqueira objeto de debate judicial. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
El Consello Consultivo de Galicia tendrá que pronunciarse sobre la revisión de oficio presentada por dos entidades mercantiles contra el acuerdo municipal que desestimaba tal posibilidad en referencia a la venta y adjudicación a Age Copasa del aprovechamiento urbanístico municipal en el polígono AR 38-N, en A Chavasqueira. De esta forma, la sentencia establece que se retrotraiga el expediente para pedir el dictamen del Consello Consultivo sobre la revisión de oficio de aquel acuerdo.
Así, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ourense estima en parte el recurso presentado por Procousa y Urbanismo y Construcciones del Atlántico S.A. después de que el Concello decidiese no revisar aquel acuerdo de enajenación. La resolución judicial no valora si el sistema de venta directa a Age Copasa (copropietaria del ámbito, en el que preveía construir dos torres) del aprovechamiento municipal 'fue o no el correcto'.

Únicamente evaluó el magistrado que 'la posible causa de nulidad invocada por las recurrentes en su solicitud de revisión de oficio ostentaba la fundamentación y solvencia jurídica mínimas que obligaban a la tramitación del procedimiento administrativo completo', para lo que era necesario recabar el dictamen del Consello Consultivo.

Ante esta sentencia, fuentes municipales aseguraban ayer que dará trámite a esa revisión de oficio pero destacaban que la sentencia establece que 'los demás motivos en los que se fundamentó la petición de revisión de oficio, valor de venta inferior al aprovechamiento urbanístico, etcétera, no se corresponden con los vicios de nulidad de pleno derecho'.

Mientras, el abogado de las empresas, Antonio Feijóo, asegura que valorará la apelación de la sentencia 'para que el Tribunal Superior de Xustiza decida ya la nulidad de la venta, sin tener que esperar a que el Consello Consultivo se pronuncie'. Tampoco descarta recurrir a la vía penal en relación al precio de venta del aprovechamiento (en torno a un millón de euros).

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