El conflicto llegó al Consistorio, tomado por una veintena de policías

Si a primera hora de la mañana el conflicto se ubicaba en Reza, en la casa a derribar por orden judicial, pasadas las 10 se trasladaba a la Casa Consistorial, a donde se dirigieron una treintena de personas, entre políticos, amigos y familiares de la familia afectada. Accedieron al salón de plenos, al espacio reservado al público, e increparon a la Corporación municipal, que apuraba el mandato en un segundo pleno extraordinario del día para aprobar una indemnización a una inmobiliaria. Las continuas interrupciones de los manifestantes provocaron su desalojo por la Policía Local, que se apostaba desde primera hora de la mañana a las puertas del Consistorio para garantizar la seguridad del inmueble y el desarrollo de la actividad política de la Corporación.

Más de 20 agentes ocupaban la planta baja y el primer piso del inmueble, donde tuvieron que formar un cordón policial para que la salida de los manifestantes se produjese sin problemas, lo mismo que la de los concejales, que intentaban abandonar el salón de sesiones; la alcaldía, en un extremo, quedó durante minutos cerrada a cal y canto, mientras un grupo de 10 personas continuaban con sus gritos contra el derribo. En el exterior, numerosas muestras de apoyo de los nacionalistas y de concejales electos como Miguel Doval (de Ourense en Común). Y entre las filas de la actual oposición, el BNG, por boca de Susana García, criticaba airadamente el derribo de la casa y la orden del alcalde, que no consideraba urgente la medida pese a que el alcalde se enfrenta a multas coercitivas y a una denuncia por desobediencia que podría desembocar en prevaricación. 

El PP, dijo Rosendo Fernández, portavoz en funciones del grupo, no conocía los detalles ni el expediente del derribo hasta que el conflicto fue publicado en los medios de comunicación; por ello, criticó la gestión que el alcalde hizo de este asunto, aunque defendió que hay que cumplir la ley.