LR- A raíz del reciente asesinato de un joven cuando realizaba funciones de vigilancia y seguridad para la que no estaba legalmente habilitado en Mos (Pontevedra), los trabajadores del sector de la seguridad privada han mostrado su malestar. En Ourense alertan de empresas que ofrecen servicios sin cualificación (han cursado denuncia contra una de ellas), así como de zonas como el Parque Tecnológico, aparcamientos públicos o instituciones que cuentan con personal no cualificado para desempeñar labores de vigilancia.
Un vigilante de seguridad es un profesional cualificado para velar por la protección de un recinto, con potestad para ejercer el control del paso de personas, es decir, requerirles identificación y objeto por el que acceden al mismo. No obstante, en muchas ocasiones, la persona uniformada que realiza esta labor no está habilitada legalmente para ejercer esta función.
Este hecho es el gran ‘caballo de batalla’ de los profesionales del sector de la seguridad privada en la provincia, que además de constatar la proliferación de estos supuestos ‘auxiliares’ o ‘controladores’ (figuras no reconocidas por ley) debido al ahorro de costes por parte de las empresas y la pasividad de las autoridades, observan también como su propia seguridad se ve gravemente mermada, al no consentir en innumerables ocasiones, que los profesionales legales porten armas para su propia defensa, sobre todo cuando desempeñan labores de vigilancia en polígonos industriales.
Responsables
José Manuel Álvarez, vigilante de seguridad y escolta ourensano, así como delegado sindical de Securitas, advierte de que muchas empresas tienen al frente responsables de seguridad sin titulación. Así, personas civiles a quienes se les pone un uniforme y realizan controles de son prácticas frecuentes y, según José Manuel Álvarez, consentidas.
Uno de los casos que ilustra esta situación sucede en el Parque Tecnológico de Galicia, dependiente de la Xunta. Según explica este representante de los trabajadores del sector, pese a que han sido presentadas varias denuncias, desde hace dos años la vigilancia de este recinto está encomendada durante el día a personas que, vestidas con uniforme, realizan de forma permanente controles de accesos de personas y vehículos, algo que la ley atribuye de forma expresa a vigilantes de seguridad. Del mismo modo, es habitual la utilización de esta técnica en los accesos a supermercados, entradas a empresas privadas e, incluso, en dependencias públicas como la Diputación, donde la vigilancia de las cámaras de seguridad no la desempeñan vigilantes titulados.
El caso más reciente que ha motivado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno por presunta infracción de la normativa se refiere a una empresa con sede en Ourense denominada ‘Auria Produccións S.L’. Según la denuncia presentada por el responsable sectorial de Seguridad Privada de UGT, Enrique Rial González, dicha empresa oferta servicios como realización de controles de personas o vigilancias físicas, con uniformes ‘que se pueden confundir con el de personal de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad’.
Este hecho es el gran ‘caballo de batalla’ de los profesionales del sector de la seguridad privada en la provincia, que además de constatar la proliferación de estos supuestos ‘auxiliares’ o ‘controladores’ (figuras no reconocidas por ley) debido al ahorro de costes por parte de las empresas y la pasividad de las autoridades, observan también como su propia seguridad se ve gravemente mermada, al no consentir en innumerables ocasiones, que los profesionales legales porten armas para su propia defensa, sobre todo cuando desempeñan labores de vigilancia en polígonos industriales.
Responsables
José Manuel Álvarez, vigilante de seguridad y escolta ourensano, así como delegado sindical de Securitas, advierte de que muchas empresas tienen al frente responsables de seguridad sin titulación. Así, personas civiles a quienes se les pone un uniforme y realizan controles de son prácticas frecuentes y, según José Manuel Álvarez, consentidas.
Uno de los casos que ilustra esta situación sucede en el Parque Tecnológico de Galicia, dependiente de la Xunta. Según explica este representante de los trabajadores del sector, pese a que han sido presentadas varias denuncias, desde hace dos años la vigilancia de este recinto está encomendada durante el día a personas que, vestidas con uniforme, realizan de forma permanente controles de accesos de personas y vehículos, algo que la ley atribuye de forma expresa a vigilantes de seguridad. Del mismo modo, es habitual la utilización de esta técnica en los accesos a supermercados, entradas a empresas privadas e, incluso, en dependencias públicas como la Diputación, donde la vigilancia de las cámaras de seguridad no la desempeñan vigilantes titulados.
El caso más reciente que ha motivado una denuncia ante la Subdelegación del Gobierno por presunta infracción de la normativa se refiere a una empresa con sede en Ourense denominada ‘Auria Produccións S.L’. Según la denuncia presentada por el responsable sectorial de Seguridad Privada de UGT, Enrique Rial González, dicha empresa oferta servicios como realización de controles de personas o vigilancias físicas, con uniformes ‘que se pueden confundir con el de personal de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad’.
