La Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno, el Defensor del Menor y varios organismos judiciales como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid han firmado este lunes un protocolo en el que se comprometen a actuar de manera coordinada en la atención a los menores víctimas de malos tratos.
La firma de este documento ha tenido lugar en la sede de la Delegación de Gobierno, y ha reunido a la delegada, Amparo Valcarce; a la consejera de Familia y Asuntos Sociales de Madrid, Engracia Hidalgo; al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda; al presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, y al fiscal Jefe de Madrid, Manuel Moix, entre otras personalidades.
Todos han coincidido en señalar que el acuerdo supone 'un paso más' en la protección de los menores, ya que actualmente no existe un instrumento para la actuación coordinada de todas las instituciones responsables de la protección y el bienestar infantil en la región.
Con este protocolo, por tanto, se trata de generalizar los mecanismos de actuación que en la práctica ya se venían desarrollando, pero yendo 'más allá' al difundir su contenido entre todos los profesionales que día a día pueden encontrarse frente a un supuesto de maltrato infantil.
El objetivo principal del protocolo es la actuación coordinada de las distintas instancias para evitar la desprotección del menor, al que se 'lleva de la mano' según haya o no lesiones físicas, se necesite asistencia sanitaria, se sospeche de delito o haya un posible desamparo.
En función de la existencia de unas u otras variables, se 'acompaña' al menor o bien se informa a familia, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de Seguridad, Juzgados o Ministerio Fiscal.
También se trata de suprimir en lo posible la duplicidad de las actuaciones que puedan resultar dolorosas para el menor. De esta forma, se intentará realizar conjuntamente la exploración del médico del servicio sanitario y la del forense, cuando ambas fueran necesarias, intentando evitar que las exploraciones físicas se dupliquen.
Pero además, se procurará realizar las declaraciones ante la Policía de manera que sirvan de prueba ante el Juzgado, y se dará prioridad a la tramitación judicial de los procedimientos relacionados con el maltrato de menores de edad.
NUEVAS FIGURAS A PROTEGER
El texto contempla además nuevas figuras como el maltrato prenatal o el acoso a través de las nuevas tecnologías. Así, en el primer caso, ante un posible maltrato de estas características, se activarán de forma inmediata los mecanismos necesarios que garanticen al recién nacido la protección debida y los cuidados que necesite.
Del mismo modo, se ha intentado que este protocolo incluya las nuevas formas de lesionar los derechos básicos de la infancia, englobados en conceptos como el 'ciberbulling' (ciberacoso) o el 'grooming' (acoso sexual en la red).
La delegada del Gobierno ha señalado que todos los delitos son 'repugnantes', pero especialmente aquellos que atentan contra los niños o jóvenes. Por ello, ha destacado la importancia de este acuerdo, que supone 'reforzar esa coordinación para proteger más y mejor a los menores' y que 'quede fijado qué es lo que tiene que hacer cada institución'.
En cualquier caso, ha asegurado Valcarce que el objetivo prioritario es la detección temprana de los casos de maltrato, ya que muchas veces o no se cogen a tiempo o se desconocen por la imposibilidad de los menores de denunciar la situación.
La delegada también ha querido poner de relieve las últimas cifras de menores maltratados. Según ha expuesto, en 2010 un total de 7.254 menores fueron víctimas de delitos. De ellos, 4.458 sufrieron robos, 1.238 fueron víctimas de delitos contra la integridad, 122 sufrieron violencia en el ámbito familiar y 42 sufrieron algún tipo de abuso.
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales ha destacado que este acuerdo permitirá 'seguir avanzando' en un ámbito 'extremadamente delicado' como es la protección a los menores. Por ello, ha asegurado que la iniciativa se configura como 'una útil y sencilla herramienta' que permitirá la 'optimizar la coordinación y clarificar y precisar las competencias que cada institución tiene atribuidas'.
'La intervención de los poderes públicos ante un supuesto de maltrato resulta prioritaria y exige la existencia de unas pautas claras y concisas que permitan a cada agente implicado actuar de la forma más ágil y adecuada posible, con un objetivo común: ofrecer a los menores que sean víctimas de malos tratos la protección y atención necesaria y con la inmediatez que exige una situación de estas características', ha explicado.
Mientras tanto, el Defensor del Menor ha indicado que dicho protocolo se convierte en un 'elemento de primera magnitud', y demuestra que 'en un tema tan delicado como la protección de los menores, no hay color político'. También ha destacado Arturo Canalda que el proceso de detección de los malos tratos es 'difícil' y sólo se detecta entre el 15 y el 20 por ciento.
Todos han coincidido en señalar que el acuerdo supone 'un paso más' en la protección de los menores, ya que actualmente no existe un instrumento para la actuación coordinada de todas las instituciones responsables de la protección y el bienestar infantil en la región.
Con este protocolo, por tanto, se trata de generalizar los mecanismos de actuación que en la práctica ya se venían desarrollando, pero yendo 'más allá' al difundir su contenido entre todos los profesionales que día a día pueden encontrarse frente a un supuesto de maltrato infantil.
El objetivo principal del protocolo es la actuación coordinada de las distintas instancias para evitar la desprotección del menor, al que se 'lleva de la mano' según haya o no lesiones físicas, se necesite asistencia sanitaria, se sospeche de delito o haya un posible desamparo.
En función de la existencia de unas u otras variables, se 'acompaña' al menor o bien se informa a familia, servicios sociales, fuerzas y cuerpos de Seguridad, Juzgados o Ministerio Fiscal.
También se trata de suprimir en lo posible la duplicidad de las actuaciones que puedan resultar dolorosas para el menor. De esta forma, se intentará realizar conjuntamente la exploración del médico del servicio sanitario y la del forense, cuando ambas fueran necesarias, intentando evitar que las exploraciones físicas se dupliquen.
Pero además, se procurará realizar las declaraciones ante la Policía de manera que sirvan de prueba ante el Juzgado, y se dará prioridad a la tramitación judicial de los procedimientos relacionados con el maltrato de menores de edad.
NUEVAS FIGURAS A PROTEGER
El texto contempla además nuevas figuras como el maltrato prenatal o el acoso a través de las nuevas tecnologías. Así, en el primer caso, ante un posible maltrato de estas características, se activarán de forma inmediata los mecanismos necesarios que garanticen al recién nacido la protección debida y los cuidados que necesite.
Del mismo modo, se ha intentado que este protocolo incluya las nuevas formas de lesionar los derechos básicos de la infancia, englobados en conceptos como el 'ciberbulling' (ciberacoso) o el 'grooming' (acoso sexual en la red).
La delegada del Gobierno ha señalado que todos los delitos son 'repugnantes', pero especialmente aquellos que atentan contra los niños o jóvenes. Por ello, ha destacado la importancia de este acuerdo, que supone 'reforzar esa coordinación para proteger más y mejor a los menores' y que 'quede fijado qué es lo que tiene que hacer cada institución'.
En cualquier caso, ha asegurado Valcarce que el objetivo prioritario es la detección temprana de los casos de maltrato, ya que muchas veces o no se cogen a tiempo o se desconocen por la imposibilidad de los menores de denunciar la situación.
La delegada también ha querido poner de relieve las últimas cifras de menores maltratados. Según ha expuesto, en 2010 un total de 7.254 menores fueron víctimas de delitos. De ellos, 4.458 sufrieron robos, 1.238 fueron víctimas de delitos contra la integridad, 122 sufrieron violencia en el ámbito familiar y 42 sufrieron algún tipo de abuso.
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales ha destacado que este acuerdo permitirá 'seguir avanzando' en un ámbito 'extremadamente delicado' como es la protección a los menores. Por ello, ha asegurado que la iniciativa se configura como 'una útil y sencilla herramienta' que permitirá la 'optimizar la coordinación y clarificar y precisar las competencias que cada institución tiene atribuidas'.
'La intervención de los poderes públicos ante un supuesto de maltrato resulta prioritaria y exige la existencia de unas pautas claras y concisas que permitan a cada agente implicado actuar de la forma más ágil y adecuada posible, con un objetivo común: ofrecer a los menores que sean víctimas de malos tratos la protección y atención necesaria y con la inmediatez que exige una situación de estas características', ha explicado.
Mientras tanto, el Defensor del Menor ha indicado que dicho protocolo se convierte en un 'elemento de primera magnitud', y demuestra que 'en un tema tan delicado como la protección de los menores, no hay color político'. También ha destacado Arturo Canalda que el proceso de detección de los malos tratos es 'difícil' y sólo se detecta entre el 15 y el 20 por ciento.
