El anteproyecto de Ley General de Salud Pública se propone prevenir la discapacidad y evitar que los ciudadanos se sometan a pruebas médicas innecesarias o de eficacia que no haya sido demostrada científicamente, con el fin de evitarles molestias, según informó ayer el Gobierno.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presentó ayer al Consejo de Ministros un informe sobre el anteproyecto legislativo, que tiene los siguientes objetivos: en primer lugar, garantizar los derechos y deberes, tanto individuales como colectivos, en las prestaciones de salud pública, la promoción y la prevención de la salud; en segundo, considerar la salud como efecto de otras políticas, con la adecuada coordinación entre el sector sanitario y otros; en tercero, disminuir las 'desigualdades injustas' en salud, sean territoriales, sociales, culturales o de género. Otros de los objetivos es establecer los instrumentos necesarios para la correcta planificación y coordinación de la salud pública en España.
El anteproyecto, 'consensuado' con las comunidades autónomas quiere reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud, de acuerdo con la Constitución, pues hasta la fecha las estructuras sanitarias se centraron más en la atención y la resolución de enfermedades que en la prevención. Aparte, es necesario adaptar los servicios y dispositivos de salud pública a los avances científicos y los problemas de salud que pueden producirse en los próximos decenios, según el Gobierno.
La norma recoge por primera vez, tanto en España como en otros países, la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud.
FACTORES SOCIALES
'Aunque los servicios sanitarios son imprescindibles para hacer frente a las enfermedades, no son los principales condicionantes del estado de salud. En este sentido, existen otros factores que influyen como el entorno familiar y social, la educación, el diseño de las ciudades, la alimentación', explica el Gobierno.
Con el fin de reforzar la coordinación de los sistemas de alerta, se establecen la organización y funciones de los Sistemas de Información y de Vigilancia de la Salud Pública desde una perspectiva integral, que recoja todos los condicionantes de la salud de una persona.
El anteproyecto, 'consensuado' con las comunidades autónomas quiere reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud, de acuerdo con la Constitución, pues hasta la fecha las estructuras sanitarias se centraron más en la atención y la resolución de enfermedades que en la prevención. Aparte, es necesario adaptar los servicios y dispositivos de salud pública a los avances científicos y los problemas de salud que pueden producirse en los próximos decenios, según el Gobierno.
La norma recoge por primera vez, tanto en España como en otros países, la vigilancia de los condicionantes sociales de la salud.
FACTORES SOCIALES
'Aunque los servicios sanitarios son imprescindibles para hacer frente a las enfermedades, no son los principales condicionantes del estado de salud. En este sentido, existen otros factores que influyen como el entorno familiar y social, la educación, el diseño de las ciudades, la alimentación', explica el Gobierno.
Con el fin de reforzar la coordinación de los sistemas de alerta, se establecen la organización y funciones de los Sistemas de Información y de Vigilancia de la Salud Pública desde una perspectiva integral, que recoja todos los condicionantes de la salud de una persona.
