Ante esta solicitud el presidente del Grupo Irosa-Samaca, Rogelio López ha asegurado que confía en que se pueda encontrar una solución que evite el "injusto" desahucio de estas pizarreras de Valdeorras, previsto para el 29 de noviembre
El presidente del Grupo Irosa-Samaca, Rogelio López, confía en que se pueda encontrar una solución para evitar el "injusto" desahucio de estas pizarreras de Valdeorras (Ourense) --previsto para el 29 de noviembre-- y poder manetener el empleo.
En rueda de prensa este jueves en la sede del Clúster da Pizarra de Galicia, ha realizado un relato cronológico de los hechos que han derivado en la actual situación que afrontan las empresas que preside. En 1968, con la constitución de la cooperativa Samaca, se compraron las primeras fincas en O Trigal para el almacén de la pizarra, en su mayoría a vecinos del pueblo.
Unos siete años más tarde, la que hoy es Irosa comenzó a comprar otras fincas en el lado sur de la carretera para construir la primera nave de elaboración de pizarra. A medida que fue creciendo, siguió comprando los terrenos que necesitaba. En el año 1977, con anterioridad a que los montes fueran clasificados como comuneros, Irosa, Samaca, Pizarras Vianzola y Capimor llegaron a un acuerdo con los vecinos del pueblo en virtud del cual, a cambio de costearles las obras de abastecimientos de agua para los pueblos de Portela y Trigal, estos le cedían por tiempo indefinido los terrenos necesarios para las industrias.
Según su relato, con el paso del tiempo y, dado que la ley de montes no permite arrendar terrenos por más de 11 años, se llegó a un acuerdo con los vecinos para establecer unos contratos de arrendamiento, legalizar la situación y que el pueblo tuviera unos ingresos. En ese contrato, se especificaba que las fincas particulares, compradas con una anterioridad de 40 o 50 años, quedaban excluidas del arrendamiento.
En el caso de Irosa, Samaca y Trevinca --antes Vianzola y hoy propiedad de Irosa-- finalizaron los contratos el 1 de enero de 2015. Las condiciones que se pedían eran que todas las fincas particulares pasaran a ser propiedad del pueblo. Unos terrenos que incluían 14 edificaciones --entre fábricas, almacenes, oficinas, comedores y talleres--. Además, se demandaba establecer un nuevo contrato por cinco años, no expropiar los terrenos y pagar una renta cinco veces superior a la que el grupo de empresas tenía previamente, entre otras cuestiones que el Grupo Irosa-Samaca dice que no podían aceptar.
Con todo, el grupo lamenta que el presidente de los comuneros y su abogado optaron por solicitar el desahucio en los tribunales, y el grupo de empresas, por su parte, solicitó la expropiación de los terrenos, que la Xunta de Galicia concedió.
