Desde ámbitos de la abogacía española así como desde alguna asociación en defensa del menor, se considera que al menos el 80% de las tutelas decretadas por los servicios sociales en España “son injustas, exageradas y abusivas”.
Lo que vienen a decir fundamentalmente es que los técnicos de la Administración, dado el poder omnipotente y la discrecionalidad que le otorga la ley, suplantan en sus decisiones a lo que deberían expresar médicos, forenses o psiquiatras infantiles.
Apartar un menor de su familia debería requerir de un estudio muy profundo por parte de profesionales especializados con el propósito de que no equivocarse o, si lo hace, que sea con el menor daño posible en beneficio siempre del interés del menor.
Es notorio que la ley del menor debe adaptarse a las necesidades de la ciudadanía con el propósito de que las garantías procesales no se desequilibren en favor de una de las partes encontradas (Administración y familias).
Se hace pues imprescindible abrir en este país un debate que proponga el que sea un juez especialista y especializado el que interprete el interés del menor.
Se hace necesario igualmente limitar y fiscalizar la actuación de la Administración que ya por la propia ley corresponde al ministerio fiscal el velar por los derechos de los menores promoviendo para ello la acción de la Justicia.
Es sabido que el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado o el Comité de Derechos del Menor han puesto en valor el déficit normativo existente.
Crear unos juzgados especializados al igual que existen con los creados para la violencia de género otorgaría mayores garantías procesales en los derechos de los niños y de sus familias. Es evidente que el sistema de protección en España es muy mejorable por no decir que es un verdadero fracaso.
El abusivo poder de la Administración, la colaboración de algunas ONG supuestamente sin ánimo de lucro que son simplemente un brazo ejecutor de la propia Administración, la gestión privada de los centros de internamiento que precarizan servicios, nos invitan a que la opacidad de las actuaciones den lugar a la transparencia social que permita saber qué está ocurriendo y qué se está dispuesto a mejorar en las deficiencias actuales del modelo de protección del menor.
