El ministerio por fin ha reconocido lo que todos sabíamos y exigíamos: es posible usar las viviendas de la SAREB para solucionar casos de familias desahuciadas. Unas viviendas que ya hemos pagado y que son nuestras. Es obligación de gobiernos e instituciones recuperar las viviendas de la SAREB, un banco malo que ha recibido la inyección de más de 44.000 millones de euros de los españoles de a pie.
Solo en el primer trimestre de este año, 19.565 familias han perdido sus hogares, más de 346.000 desde el 2008, una media de 115 desahucios por día, uno cada 15 minutos.
Familias que no han contado con ninguna alternativa habitacional en el momento de tener que abandonar su casa. Claro reflejo de la pasividad de las instituciones públicas, que ante el drama de miles de familias siguen sin llevar a cabo medidas valientes para garantizar el acceso a una vivienda, habilitando desahucios silenciosos, llenos de pánico, vergüenza, culpabilidad y fracaso personal y en ocasiones suicidio con la calle como única alternativa.
Los tribunales europeos afirman que el sistema hipotecario español es una trampa, pero nuestros gobernantes y jueces siguen mirando para otro lado ante los cientos de desahucios que se producen a diario.
España es el país europeo con más desahucios y en el que existe más vivienda vacía. Los bancos acumulan la mayoría de estas viviendas (unas 800.000) y han recibido 165.000 millones de euros de rescate sin pedirles tan siquiera vivienda social a cambio.
Por qué tiene que cargar solo él ciudadano con la pérdida de valor de los pisos cuando los que tasaban eran los bancos; por qué los bancos se adjudican los pisos por la mitad del valor de tasación cuando el ciudadano ya no puede pagar su deuda; por qué se ayuda a los bancos y no a los deudores individuales… ya es hora de que devuelvan los bancos lo que les prestamos los españoles y en justicia colaboren con los ciudadanos que hemos sido los que a la postre les hemos rescatado de su propia ruina y desahucio.
Somos una inmensa mayoría quienes apostamos porque se ponga fin a los desahucios, se condonen las deudas hipotecarias y se garantice efectivamente el derecho a una vivienda digna.
Sí se puede.
