En medio del ruido y la furia que sacude este país entre las pandemias cruzadas del covid y de la insensatez política, unos cuantos jueces de los tribunales superiores de Justicia de Madrid, Castilla-León y Extremadura han considerado oportuno dar su particular opinión sobre la iniciativa política de una proposición de ley que ni siquiera está aún en trámite parlamentario. Ya es bastante anomalía política y constitucional que el Partido Popular, como principal partido de la oposición cuyos votos son imprescindibles para renovar el Consejo del Poder Judicial, siga bloqueando esta renovación. Es legítimo que el PP no quiera hacer pactos con Podemos, pero alegar una suerte de ilegitimidad de este partido como si sus votos no tuvieran la misma calidad y representatividad que todos los demás, revela el inquietante déficit de convicción democrática y constitucional en el que chapalea Pablo Casado, acosado por la sombra de Vox. Y hasta puede que el atajo tomado por el Gobierno para vencer el obstinado bloqueo, con una proposición de ley que intenta rebajar las mayorías exigibles en la elección del Consejo del Poder Judicial, sea el peor camino posible.
Pero nada de esto es por ahora competencia de los jueces, y su irrupción en el debate sin que sus dictámenes o informes sean legalmente preceptivos, parece una injerencia en asuntos políticos que no ayuda a reparar un prestigio sobrado ya de desconchones, ni a aliviar la sospecha de su politización.
Nunca he creído en la independencia política del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que como todo órgano de Gobierno (en este caso el de los jueces) tiene una función de gestión y representación de naturaleza política, que no debería ser lo mismo que partidista. Lo que es una absoluta anormalidad democrática es que desde hace dos años Lesmes y sus vocales ejerzan en funciones, sin tener la dignidad de dimitir o, al menos, de evitar tomar decisiones para las que solo estarían legitimados en los cinco años de su mandato legal y no en estos dos de prórroga irregular.
Pero fuera de un órgano de gobierno como es el CGPJ, nunca había dudado de la independencia de jueces y tribunales en su función jurisdiccional -es decir, la de impartir justicia con el único sometimiento a las leyes- hasta la escandalosa injerencia de los tribunales superiores de Madrid, Castilla-León y Extremadura en una proposición de ley parlamentaria que sólo al Parlamento compete. Salvó cuando sus informes o dictámenes sean preceptivos, nada tendrían que decir los jueces de las leyes, excepto aplicarlas con independencia, y menos aún de una proposición de ley cuya tramitación, debate y eventual aprobación es competencia exclusiva del Parlamento, no de los tribunales. Es una temeridad -y un peligroso camino- que los jueces ordinarios expresen sus opiniones sobre iniciativas políticas como la proposición de ley sobre la renovación del CGPJ, o incluso se atrevan a tacharla nada menos que de "inconstitucional", considerando que no sería la proposición sino la ley resultante -imposible de conocer hasta su aprobación por el Congreso- la que podría ser inconstitucional, en cuyo caso el dictamen correspondería al Tribunal Constitucional y no a los tribunales superiores de Madrid, Extremadura y Castilla-León, tan ligeros expresando opiniones que nadie les ha pedido.
