Un grupo de alcaldes de esta provincia acaba de alertar del peligro que se cierne sobre varios municipios con el cierre de sus cuarteles de la Guardia Civil. Si la amenaza se llega a cumplir, sería un duro golpe perpetrado por el Gobierno central contra Ourense y de manera especial contra su ámbito más rural, que es la mayoría de su territorio, en un servicio que siempre formó parte de las señas de identidad de los pueblos.
Ourense es, de las cuatro provincias gallegas, la que cuenta con menos puestos
El punto de partida ya no era bueno. Ourense es, de las cuatro provincias gallegas, la que cuenta con menos puestos y menos efectivos. La Guardia Civil está presente en 52 de los 93 municipios coruñeses, en 51 de los 67 de Lugo o en 34 de los 62 de Pontevedra; en Ourense está en 33 de sus 92 ayuntamientos. Más de la mitad de los términos municipales del resto de Galicia tienen un puesto o una casa cuartel de la Guardia Civil. En Ourense, solo en un tercio. Y únicamente en cuatro hay servicio las 24 horas. Algunos de los 32 cuarteles y puestos del rural ourensano ya no tienen presencia permanente, sino que una patrulla se desplaza a ellos desde otro municipio por las mañanas.
Un clarísimo caso de miopía política
Uno de los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez al arrancar la anterior legislatura fue poner los medios necesarios para revertir el vaciamiento la España rural. Frenar una sangría demográfica que, a la larga, tendrá efectos muy negativos para toda la ciudadanía, especialmente la que vive en las zonas más pobladas del litoral, porque se quedarán sin el sustento del tejido económico de buena parte del sector primario. Pero han pasado casi cinco años y de aquellas promesas no solo no hemos visto nada, sino que se sigue primando aquellas áreas que están más pobladas y marginando todavía más a las más abandonadas. No hay interés por reequilibrar. Estamos ante un clarísimo caso de miopía política, de mirar solo aquello que interesa a corto plazo, que es favorecer los territorios donde están los votos.
A lo largo de los últimos años hemos visto cómo poco a poco han ido desapareciendo servicios esenciales tales como colegios, farmacias, entidades bancarias, supermercados... Hay municipios que ya no tienen ni siquiera un bar o un restaurante. Los negocios cierran, como cierran las explotaciones ganaderas y las agrícolas, por falta de relevo. Y no se les puede reprochar a las nuevas generaciones que quieran buscar un futuro más halagüeño en lugares más propicios si en la tierra de sus padres se enfrentan a una vida de aislamiento. No se trata de que tengan o no fibra óptica e internet de banda ancha, sino de cosas mucho más elementales como que haya cobertura telefónica, un médico de familia, un centro escolar cercano y la tranquilidad de contar con un puesto de la Guardia Civil al que acudir si necesitan ayuda. Nada de eso aparece en los planes de este Gobierno y mucho menos para Ourense. Por el contrario, vemos por ejemplo cómo se renuevan las concesiones a las hidroeléctricas y los vecinos de los municipios afectados sufren sus efectos sin participar de sus beneficios, mientras otras grandes infraestructuras en el campo de las últimas tecnologías se van a zonas más pobladas sin atender siquiera las opciones ourensanas u olvidan construir una estación digna de la nueva línea de alta velocidad.
Que no añadan nuevos expolios a la larguísima lista de los que hemos sufrido
No hablamos de saldar deudas históricas, de carencia de infraestructuras que evidencian un desequilibrio que se cronifica haciendo más grande el abismo entre territorios, los que reciben todo y a los que se les niega incluso lo más elemental. Ya no se trata de reivindicar para que nos den, sino de defendernos para que no nos quiten más. Que no añadan nuevos expolios a la larguísima lista de los que hemos sufrido en las últimas décadas. Los más sangrantes en el ámbito financiero, con la usurpación de nuestra caja de ahorros en 1999, cierre del Banco de España en 2004 y de más de 72 sucursales bancarias en toda la provincia en los últimos años. La Guardia Civil en el rural es mucho más que un servicio público básico. Es un símbolo. Suprimir sus cuarteles es darle el último portazo a nuestra provincia y abandonar los pueblos a su suerte.
