El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha confirmado que el Gobierno ha abierto “un periodo de reflexión sobre la conveniencia temporal y otros aspectos" de seguir adelante con la reforma de la ley del aborto. En román paladino esto quiere decir que el Ejecutivo está analizando cuales pueden ser los efectos electorales de la aprobación de la contrarreforma de la ley de plazos propuesta al inicio de la legislatura por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
El Gobierno, pues, al convertir el aborto en una cuestión de cálculo electoral da muestras de una frivolidad exasperante ante un problema que debe debatirse desde otros presupuestos, como un derecho de las mujeres, una cuestión de salud pública o un asunto moral, y en todos los casos tomando en consideración las graves implicaciones que tienen sobre la decisión de las mujeres que se ven en la tesitura de abortar y que en el colmo del despropósito se enfrentan ahora a que una decisión tan importante sobre su futuro depende de unos estudios demoscópicos en los que se valora si actuar contra los partidarios de dejar las cosas como están causa más daño electoral que defraudar la promesa electoral de acabar con la ley Aído, como defienden las organizaciones antiabortistas, que contaron con el apoyo del PP y de sus dirigentes en las protestas contra la reforma socialista de la ley del aborto y en defensa de la familia.
Tras la aprobación de aquella ley, el PP interpuso un recurso de inconstitucionalidad que ahora se ha convertido en el ‘plan b’ del Gobierno para cumplir a medias su promesa de derogación de la ley del aborto vigente. Pero la propuesta de Ruiz-Gallardón va más allá al endurecer la ley de 1985 y restringir el aborto en caso de defecto del feto o la incidencia del embarazo en la salud de la madre para evitar que este supuesto sea un “coladero”.
Ahora, el Gobierno espera que el Tribunal Constitucional active el debate sobre la ley Aído. Salvando la independencia de los magistrados del TC, la correlación de fuerzas es de siete conservadores a cinco progresistas, con un presidente que en su día fue militante del partido en el Gobierno. Por tanto, hay muchos visos de que la ley Aído sea declarada inconstitucional y que el Alto Tribunal vuelva a la doctrina que sentó con la primera ley del aborto. Pero para ese viaje no hacía falta haber provocado un debate que ha dividido la sociedad y que fue adoptado en su día también por cálculo electoral y para dar satisfacción a un determinado sector de votantes del PP.
Ante estas circunstancias y con los movimientos próvida manifestándose ahora en contra del Gobierno por lo que entienden una traición, el debate sobre el futuro del ministro de Justicia, su desautorización, su ‘soledad’ o su dimisión se juega en una doble dimensión: en la personal, si Ruiz-Gallardón decide no continuar en el Gobierno, porque ha fracasado en su intento de aprobar una de sus leyes estrellas –además de la contestación que ha sufrido en otras-; y en la política, porque no se entendería su salida del Ejecutivo en un momento en el que está en marcha la respuesta judicial a la convocatoria del referéndum soberanista y porque trastocaría los planes de Rajoy de llegar al final de la legislatura con el mismo equipo que la comenzó, al abrir una crisis de Gobierno.
