Tras las mesas de diálogo con los dos partidos independentistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto una nueva mesa de trabajo con el PP para abordar tres asuntos: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del sistema de financiación autonómica y, lo más fácil, la revisión del artículo 49 de la Constitución para sustituir la expresión disminuidos por la de persona con discapacidad. La iniciativa del jefe del Ejecutivo no ha gustado nada al PP, porque a su juicio pretende blanquear el diálogo con Junts fuera de España y con verificador, y porque creará problemas al propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Que la dirigente del PP, Cuca Gamarra, aluda a que una mesa de diálogo entre el PSOE y el PP se realizaría en España y sin verificador es una salida fácil que no oculta que la invitación de Sánchez a una reunión al presidente popular está abocada al fracaso, pero señalará a quien se niegue al diálogo o lo torpedeé. Aunque el PP parece variar su posición sobre la renovación del CGPJ tras la presión de Bruselas para que primero se produzca el cambio y luego se negocie la modificación de la ley, no sería la primera vez que se echa para atrás, desobedece al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y se somete a la presión de la derecha judicial y mediática que se opone a cualquier cambio pese a que la situación actual es insostenible, con la excusa de la politización de la Justicia que es ni más ni menos lo que se vive en la actualidad, pero a favor del PP. La propuesta del presidente del órgano de gobierno de los jueves, Vicente Guilarte, para retirar al CGPJ la facultad de nombrar a los jueces de los principales tribuales ha sido bien recibida por Gobierno y se convierte en un motivo más de presión para acelerar la renovación.
La reforma de la financiación autonómica es también un quebradero de cabeza para el PP, precisamente en el momento en el que cuenta con mayor poder territorial. Que Cataluña exija una relación bilateral, respondida con el compromiso del Gobierno de que si hay quita sobre la deuda acumulada por las comunidades autónomas desde la pasada crisis económica será para todas, tampoco oculta que las regiones gobernadas del PP no presentan una posición común sobre sus demandas económicas. Es más, en años pasados se produjo un acuerdo transversal entre las comunidades autónomas que quieren que en el reparto de fondos prime la dispersión de la población y el envejecimiento -en lo que están Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Asturias, entre otras-, frente a aquellas otras regiones “populares” como Madrid, Valencia o Andalucía, que quieren que el criterio fundamental sea el mayor número de habitantes, sin que el PP pueda presentarse ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición común.
Sería una grata sorpresa que de la próxima reunión Sánchez-Feijóo saliera, al menos, la posibilidad de que entre Gobierno y oposición se sentarán a negociar dentro o fuera del Congreso. Las posiciones de partida son muy distantes, y la desconfianza mutua, junto con las iniciativas del Gobierno sobre la amnistía, no hace a presagiar el acuerdo cuando recién formulada la idea se comienzan a enfriar las expectativas de que llegue a buen término.
