Los partidos políticos tienen una memoria muy corta y apenas recuerdan las consecuencias de las actuaciones que tuvieron anteayer sobre todo cuando están relacionadas con la corrupción. A pesar de todas las declaraciones de Esperanza Aguirre sobre su desconocimiento acerca de lo que sucedía en su organización territorial, cuando a veces presumía y sus subordinados sabían, de que nada se movía en la Comunidad de Madrid sin que ella lo supiera, cunde la impresión generalizada de que esto era prácticamente imposible y que algo tenía que, sino saber, al menos barruntar.
En el PP nacional esperan que Esperanza Aguirre ponga fin a su carrera política, que la responsabilidad ‘in vigilando’ que la llevo a abandonar la presidencia del PP madrileño la extienda ahora a su actual puesto político y deje la portavocía del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamietno de Madrid. Su carrera polítca la dan ya por amortizada y creen que una salida honrosa sería su dimisión, que no van a forzar.
El caso de Esperanza Aguirre, sin embargo, recuerda mucho al de Rita Barberá, . Eran dos mujeres clave en el PP, capaces de ganar elecciones por mayoría absoluta allí donde las pusieran. Aguirre, además representaba un sentimiento del partido y una forma de entender la política que la llevaron a veces al sector crítico con las directrices de la organización nacional. La ex alcaldesa de Valencia tampoco quiso dimitir de su cargo y tuvieron que empujarla al grupo Mixto del Senado. Tras su muerte, el PP se planteó si no habían ido demasiado lejos por cuanto no había sido inculpada en ningún sumario por corrupción a pesar de que el PP de Valencia aparecía vinculado a un sinnúmero de tramas de corrupción. Lo mismo ocurre en el caso de Esperanza Aguirre, que tampoco está imputada pero la corrupción que se ha desatado a su alrededor parecía imposible de no ser vista.
Y si a Esperanza Aguirre, no le queda más remedio que la dimisión, otro tanto le pasa al fiscal anticorrupción Manuel Moix, si no se quiere dejar la credibilidad de la institución maltrecha. Moix, que ya fue señalado como un candidato poco idóneo para el cargo por otros fiscales, aparece mencionado en las conversaciones grabadas en el marco de la ‘operación Lezo’ -que ha acabado con los huesos en el calabozo del expresidente madrileño Ignacio González-, como un fiscal ideológicamente afín a los populares, del que los ahora investigados esperaban cierta displicencia a la hora de abordar los delitos de corrupción que podrían afectar al partido. Ser señalado de esa manera condiciona la confianza en sus actuaciones según de los asuntos de que se trate.
Pero una vez conocida su adscripción ideológica y algunas de sus actuaciones no sería una mala opción que desde la Fiscalía General reconocieran el error de su nombramiento y procedieran a su sustitución. No es esa la intención del fiscal general José Manuel Maza, que igualmente tiene una afinidad ideológica marcada y que deja como unos oasis aislados, los nombramientos de fiscales generales que tenían un perfil más profesional y menos político, que se habían significado menos en la defensa de intereses de parte o a los que incluso les costó el puesto, como a Consuelo Madrigal, por oponerse a determinados nombramientos.
