El primer paso de la hoja de ruta para la "desconexión" de Cataluña con España se contiene en los dos folios de la propuesta de resolución presentada ante el Parlament de Cataluña por los portavoces de Junts pel Sí (JxS) y de la CUP en la que se declara "solemnemente" el "inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república", haciendo caso omiso de las instituciones españolas y con el llamamiento a comenzar en el plazo de treinta días la tramitación de leyes esenciales para el funcionamiento de un Estado propio y a cumplir solo las leyes que emanen de la Cámara catalana.
Menos de 24 horas después de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lanzara desde su puesto institucional el grito "¡Viva la República catalana!", los diputados de los grupos independentistas se han puesto manos a la obra para la apertura de un proceso constituyente mediante un proceso político a medio camino entre la acción política en el Parlament y el método asambleario, que tiene toda la impronta de la CUP, y que puede leerse como el primer peaje que pagan los miembros de CDC para conseguir el nombramiento de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones sobre los casos de corrupción que salpican a su partido y a la familia Pujol, cada vez son más las voces que hablan de que nadie es imprescindible para llevar adelante el proceso soberanista, aunque los convergentes no quieren perder esta pieza de caza mayor.
Amparados en el mandato del pueblo catalán, al que deben “obediencia”, los dirigentes de JxS y la CUP, amenazan con la desobediencia, de tal forma que están decididos a tensar la cuerda para cuanto peor mejor, y forzar la intervención del Gobierno central. No obstante, como la propuesta de resolución no deja de ser una declaración de intenciones, la posibilidad de tomar medidas judiciales –la vía política está cortada lamentablemente con Artur Mas desaparecido y preso de su futuro- está por el momento pendiente de la concreción del ‘procés’ en actos con fuerza legal.
Aun así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha dejado de salir al paso frente al “acto de provocación” cometido por los representantes de JxS y la CUP. En su balance de legislatura no quiso avanzar cuáles son los instrumentos que ya están preparados para hacer frente al desafío independentista, y en su comparecencia de ayer tampoco fue más allá de advertir con firmeza acerca de su disposición a poner en marcha todas las medidas políticas y jurídicas precisas, incluida la nueva capacidad del TC para que se cumplan de forma inmediata sus resoluciones, en defensa de la soberanía del pueblo español, al tiempo que lanzaba un mensaje de tranquilidad sobre la imposibilidad de que surta efecto la propuesta presentada en el Parlament.
Si los independentistas prevén que después del 20-D van a encontrar un clima más proclive a sus propósitos si se produce un cambio de gobierno,se equivocan. La llamada del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al jefe del Ejecutivo para mantener abierta una línea de comunicación directa demuestra la coincidencia de ambos en que la forma de abordar esta situación es mediante el diálogo y la política, pero anteponiendo el cumplimiento de la ley.
