El Gobierno ha decidido dejar de ir a remolque de lo que decidan los representantes de los partidos independentistas catalanes, incluido el presidente del Parlament, Roger Torrent, y ha decidido tomar la iniciativa iniciando los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional la designación del expresidente huido Carles Puigdemont, para que ni tan siquiera su candidatura pueda ser puesta a votación en una sesión de investidura.
Después de que Torrent se haya contagiado de la “astucia” que ha marcado muchos de los episodios del proceso independentistas para, al tiempo que se vulneraban o se retorcían los reglamentos, tratar de evitar la acción de las instituciones del Estado, y de que la Mesa del Parlament que él preside hubiera dejado para el último minuto dos de las cuestiones esenciales que determinaban el futuro de Puigemont, la autorización de la delegación del voto de los huidos y la necesidad de la presencia física del expresidente de la Generalitat en la sesión de investidura, el Gobierno se ha puesto a prevenir cualquier posibilidad de que todo eso pueda ocurrir.
Se trata por tanto de una decisión acertada que pretende sortear varios riesgos, si el TC admite el recurso del Gobierno. Al abortar la investidura antes de que se consume, el Ejecutivo puede soslayar también tener que dar muchas explicaciones acerca del motivo por el cual un presidente autonómico elegido en un parlamento legítimamente constituido no puede tomar posesión y ejercer su cargo, con el costo en imagen que ello representa y el uso victimista que harían los independentistas y la campaña internacional que podrían montar, aunque después del episodio de Copenhague en el que les salió el tiro por la culata, y se vio que el emperador iba desnudo, la próxima vez lo prepararán mejor.
En el caso de que a pesar de todo, la Mesa del Parlament decida saltarse a la torera la decisión del TC y procediera a la investidura de Puigdemont –en presencia o ausencia de este- con algún truco, el Gobierno también ha previsto esa posibilidad y ha afinado el instrumento para que la actuación del TC pueda ser inmediata. Si hay trampas, el perjuicio para la calidad de la democracia y de la credibilidad de las instituciones catalanas sería evidente, además de que así no se logrará la prioridad expresada por el propio Torrent, la creación de un nuevo gobierno que comience a ejercer “desde el minuto uno” y que concluya la intervención de las instituciones autonómicas mediante el artículo 155 de la Constitución. El supuesto espíritu conciliador del presidente de la Cámara quedaría también destruido y se regresaría a una situación conocida que complica cualquier posibilidad de diálogo político. Sería volver a la “vía Forcadell” en estado puro, y a las consecuencias judiciales que implica la desobediencia al TC.
El riesgo que no conjura la iniciativa del Gobierno, con el respaldo del PSOE y con Ciudadanos como convidado de piedra, es que Puigdemont intente un rocambolesco acceso al Parlament y, acogiéndose a sagrado, se hiciera imposible su detención en esos primeros momentos por la inmunidad parlamentaria de la que gozaría en ese lugar. El Gobierno se ha comprometido a que no pueda hacerlo. Ahora a esperar la respuesta de los independentistas al movimiento del Gobierno.
