La independencia judicial es una de las esencias del Estado de Derecho, la separación de poderes. De hecho muchos jueces piden amparo al Consejo General del Poder Judicial cuando consideran que las críticas, comentarios o presiones relativas a los sumarios que instruyen alteran la tranquilidad de su ánimo. Las opiniones de miembros del Gobierno acerca de la conveniencia o no de que los políticos presos del "procés" fueran puestos en libertad a la espera del juicio, o de las sucesivas versiones acerca de si los actos que cometieron constituyeron un delito de rebelión o no, son juzgadas ahora por la oposición como intentos de influir en los jueces como una contrapartida para que los independentistas apoyen los Presupuestos.
Sin embargo quienes critican ahora al Ejecutivo nada decían sobre si sus opiniones en favor de que se aplicara el delito de rebelión eran un intento de condicionar a los jueces. No obstante el debate jurídico acerca de si los hechos por los que van a ser juzgados los líderes del "procés" está abierto desde el momento en el que fueron encarcelados de manera preventiva y se les acusó del delito de rebelión conforme al artículo 472 del Código Penal y si se produjo un alzamiento "violento" porque el otro requisito, que sea público, es evidente que tuvo lugar por cuanto se realizó en sede parlamentaria y tuvo por objeto modificar la Constitución. De hecho, más de un centenar de profesores de Derecho Penal firmaron un manifiesto en el que consideraban que "de la conducta" desarrollada por los miembros del Govern depuesto y del Parlament disuelto se desprendía la comisión de múltiples delitos, que debían ser investigados, pero no los de rebelión ni el de sedición. Otros juristas sí avalan la comisión del delito de rebelión.
Hoy hace un año el Parlament catalán declaró la independencia de un país más corta del mundo, que duró apenas unos minutos, que fue, como dijo alguna exconsejera huida, “un farol” porque ninguna de las estructuras que tenían que dar sustento al nuevo Estado estaban preparadas y al que no reconoció ningún país mientras crecían las advertencias sobre su "fake" de permanencia en la UE. Y no cabe duda de que la situación de prisión de unos de los dirigentes del "procés", y la huida de otros, ha tenido un efecto político determinante para que la declaración unilateral de independencia haya entrado en un periodo de hibernación, que los partidos independentistas tuvieran dificultades para encontrar un candidato que se ajustara a las leyes, que el presidente del Parlament se haya cuidado mucho de adoptar decisiones que contravengan a los mandatos del Tribunal Constitucional y de que el Govern lleve meses inactivo y no se haya producido ningún avance en el desarrollo de la república catalana, que se supone que es su objetivo, además de encontrarse los partidos "indepes" en un momento de división en cuanto a sus intereses más inmediatos.
Serán por tanto los jueces del Tribunal Supremo, sin que de momento se sientan alterados por las declaraciones de los políticos y a la vista de las pruebas, quienes determinen si los procesado son reos del delito de rebelión. Y como el movimiento se demuestra andando habrá que ver el escrito de la Fiscalía para saber si las criticas de la oposición a lo que parece un cambio de criterio del Gobierno se ajusta o no a la realidad.
