Una cuestión que debiera ser normal se convierte en excepcional y en un elemento más de la lucha política sin cuartel en la que se han enzarzado el PSOE y el PP ante el caso de corrupción de la compra de mascarillas, en lo más duro de la pandemia, en el que se encuentra involucrado penalmente un asistente del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y éste por su responsabilidad política en el asunto. Si el PP había anunciado una comisión de investigación en el Senado para averiguar qué pasó en el “caso Koldo”, el comisionista, en el “caso Ábalos”, por ser su superior, o en el “caso Sánchez” a quien el PP considera nada menos que el cabecilla de una organización criminal, según el vicesecretario del PP, Elías Bendodo, el PSOE ha pasado a la ofensiva para que sea otra comisión en el Congreso la que “analice” la compra de material sanitario desde todas las administraciones públicas en la época de la pandemia.
Las comisiones de investigación enfrentadas no debieran ser un arma arrojadiza en la que una vez más los partidos sospechan entre sí -el PSOE lo hace de la del Senado y los populares de la del Congreso-, porque ambos consideran que habrá un sesgo de parcialidad en la que no promueven, cuando el interés debiera ser saber de una forma definitiva que ha pasado cuando se relajaron los controles para la contratación con las administraciones en un momento de máxima preocupación por la falta de materiales de protección, y conocer de paso cukáles fueron las principales empresas beneficiadas de los contratos; cuáles inflaron los precios y cobraron sobrecostes; quién intervino y se llevó comisiones, supuestamente legales pero escasamente éticas, y cuando todos los responsables políticos nacionales, autonómicos y locales pujaban y pugnaban por hacerse la foto al pie del avión que traía las mascarillas. El informe que realiza el Tribunal de Cuentas al respecto puede ser revelador, y sería chusco y daría la medida del nivel de la vida política nacional que ambas Cámaras sacaran conclusiones distintas y no complementarias de sus comisiones de investigación. Al menos la investigación judicial está cerrada y la instrucción realizada es ya pública.
Para cuando se pongan en marcha esas comisiones de investigación, si llegan a constituirse, la mayor parte de las responsabilidades políticas estarán ya saldadas o acotadas. La entrega del acta de diputado por parte de José Luis Ábalos se da por descontada, y la presión política se traslada ahora hacia la presidenta del Congreso y expresidenta balear en esa época, Francina Armengol, y hacia el ministro de Administración territorial y expresidente canario, Víctor Ángel Torres, aunque tendrán el cortafuegos del procesamiento de Koldo García y de la dimisión de Ábalos. Implicar a Pedro Sánchez en la trama del comisionista a nadie puede sorprender porque esa es la táctica política habitual.
Como suele ser habitual, los partidos han decidido poner el ventilador a funcionar, que ese parece ser el objetivo de las comisiones de investigación, en lugar de que sirvan para que el Estado se encuentre preparado ante la posibilidad de que se repita una nueva pandemia como anuncian grupos de expertos, con los suministros necesarios preparados, con las medidas legales para hacerle frente dispuestas y con las residencias de mayores mejor preparadas. De nada de eso se tiene noticias.
