El miércoles la ley del Referéndum y el jueves la ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República se aprobaron con la misma bronca parlamentaria y con el mismo desprecio a los derechos de los diputados de la oposición antisoberanista y ambas acciones que suponen un desprecio democrático ha puesto en marcha todo el engranaje político-judicial (Gobierno, Fiscalía General, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, jueces y fiscales) contra unas decisiones del Govern y el Parlament de Cataluña apuntaladas en una legitimidad contraria a la legalidad prestablecida por la Constitución y el Estatuto de Cataluña. Las dos leyes que han de dar sustento a un hipotético estado catalán se han aprobado saltándose los plazos y preceptos propios de un debate para aprobar unas leyes de tanta trascendencia. En las prisas de los “indepes” está su penitencia.
Los independentistas y los equidistantes hacen caso omiso a las intensas señales que les llegan acerca de que en esta ocasión no va a haber ni un simulacro de consulta, ni tan siquiera una movilización que pueda materializarse en una cantidad abundante de votos en urnas. Si en algún momento creyeron que la ausencia de iniciativas políticas en el expediente catalán, o las dudas sobre si Mariano Rajoy sería capaz de activar todos los mecanismos de defensa del Estado de Derecho les podía conferir alguna ventaja cuando se acercara el momento decisivo, se han equivocado de todo punto. El presidente del Gobierno ha ido elevando el tono de su disposición a hacer todo lo necesario, hasta llegar a afirmar que está dispuesto a no renunciar a nada.
Si los independentistas también esperaban que el PSOE se arrugara, se acrecentaran sus contradicciones internas, o el nuevo liderazgo de Pedro Sánchez fuera más displicente hacia ellos, o que su inquina hacia Rajoy se impusiera a su deber de mantener una posición firme de defensa de la unidad nacional, también se equivocaron. Y aunque los socialistas mantienen sus propuestas políticas, con el registro de la petición de una Comisión no permanente para la evaluación y modernización del Estado autonómico, ya han asumido que es preciso esperar hasta el 2-O para que se produzca un nuevo escenario de diálogo con la premisa de que la soberanía reside en el conjunto de la ciudadanía, que no está en almoneda.
A medida que pasa el tiempo y ante la decidida desobediencia de los dirigentes y responsables independentistas catalanes, cada vez más se acerca el momento de la acción, el de la actuación de las fuerzas de seguridad, incluidos los mossos, en funciones de policía judicial, cuando reciban las órdenes oportunas de los jueces. Por lo pronto ya vigilan algunos de los suministros básicos para que el 1-O no pueda llevarse a cabo.
Porque a diferencia del referéndum de Escocia en el que la política estuvo presente desde el primer hasta el último minuto –better together-, aquí se deja para el día siguiente o los siguientes. Una vez que el independentismo compruebe el fracaso de su intento secesionista y tenga que recomponer sus posiciones políticas, para deglutir la decepción, cuando asuman que el mayor desafío en pos de la independencia al calor de la crisis económica va a tener el mismo final que el anterior de 1934, será el momento del debate territorial si es que al otro lado de la mesa hay alguien dispuesto a acordar.
