Existen sistemas judiciales en los que el juicio oral es la base de todo el proceso. Suele haber menos papel, las instrucciones son más rápidas y el fiscal es quien investiga. El procedimiento español es mucho más garantista y las investigaciones previas desempeñan un papel determinante, de tal forma que los procesados pueden intentar sortear la verdad, pero el juez, además de con su testimonio, cuenta con otra serie de pruebas que también puede valorar. Si no fuera así, la mayor parte de los acusados por corrupción, que niegan los hechos, podrían salir exculpados.
Todo cambia cuando los acusados se contradicen o con su testimonio ratifican la acción de la fiscalía. Es lo que ha ocurrido con las declaraciones del ‘caso Palau’ y la comisiones del tres o el cuatro por ciento desviadas a la financiación del partido de Jordi Pujol y Artur Mas cuando ambos ocuparon las máximas responsabilidades en el partido y en el Govern. Los principales encausados, Félix Milliet y Jordi Montull y su hija Gemma –que han decidido cantar para rebajar sus penas-, han tirado de la manta, pero dejando destapado solo al tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, con la duda de que si no han ido más arriba es porque verdaderamente no saben quién daba las órdenes políticas o por guardarse una bala en la recámara para mejor ocasión.
A este respecto se puede ‘mettre en valeur’ la decisión de la expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre, de dimitir por su responsabilidad ‘in vigilando’ con respecto a la posible financiación ilegal del PP madrileño. Cosa distinta será si la investigación de los numerosos casos de corrupción en Madrid la salpican de otro modo. Y en cualquier caso y volviendo a Cataluña, Artur Mas tendría que asumir la misma responsabilidad que Aguirre si hay condenas por haberse dejado meter un gol de esas características por un colaborador por el que ha puesto la mano en el fuego.
Si hasta ahora el ‘caso Palau’ se desarrollaba en unas ciertas tablas, con Millet y Montull hablando de comisiones, y Osácar diciendo que no las había recibido, el empate se deshizo ayer con la declaración de dos empresarios que confirmaron que facturaron al Palau trabajos para CDC. Son empresas pequeñas si se las compara con la envergadura de Ferrovial –con dos directivos acusados- u otras constructoras del Ibex 35 que también aparecen como investigadas en otros casos de corrupción, y que tienen por norma negar con firmeza las acusaciones, a pesar de los testimonios de los gestores del Palau arrepentidos que llevaron las gestiones, y que de ratificarse su condena vendrían a confirmar el talante de estas empresas y sus actuaciones como lobby político-económico. Otro cante.
Los partidarios del proceso independentista tratan de poner distancia entre el juicio del Palau y las consecuencias para su proyecto. No es descabellado establecer que, aunque trata de defenderse por todos los medios, Artur Mas puede ver arruinada su pretensión de volver a presentar su candidatura para presidir la Generalitat. En ERC ven con satisfacción como se queda por el camino un posible competidor, y los más fervorosos tratan de desviar la atención sobre estos hechos del pasado que no tendrían lugar en una ‘Catalunya lliure’. Una sinfonía difícil de estrenar.
