Tras el pacto de investidura, y pretendidamente de legislatura entre el PSOE y Junts, ha llegado el alcanzado entre los socialistas y los nacionalistas vascos del PNV, menos rimbombante porque no se necesitaba negociar sobre el olvido de los delitos de los independentistas catalanes, pero que contiene también algunos aspectos que son igualmente disgregadores de la igualdad de los españoles ante la ley, porque del reconocimiento de la diversidad con base en la propia Constitución para las nacionalidades históricas se pretende ir un paso más allá hasta llegar a la petición de un modelo confederal con España, el “plan Urkullu” al que se refirió hace poco el lehendakari.
En el caso del PNV son cinco los votos que aportarán a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, que son tan necesarios como los siete que aportarán ERC y el partido del prófugo Puigdemont, pero la duración de la legislatura estará condicionados al cumplimiento de los puntos del pacto, en este caso con menos voluntarismo y más concreción temporal, aunque el tiempo en política siempre resulta ser flexible, porque el PNV ya ha sufrido dilaciones en el cumplimiento de los acuerdos a lo largo de los pasados cuatro años. De hecho, muchos de los puntos del acuerdo están heredados del pacto de hace cuatro años. Pero hay otros que cobran nueva fuerza debido a la necesidad de Sánchez para gobernar.
En el primer bloque de cuestiones pendientes para mejorar el autogobierno se incluyen las reclamaciones para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, del que han pasado 44 años de su aprobación sin que se haya cumplido el traspaso íntegro de todas las competencias que contiene, que han sido objeto de regateos políticos en función de las circunstancias y que la normalidad democrática obliga a transferir. Que los asuntos que haya que tramitar entre ambas partes se realice mediante una comisión bilateral no debiera suponer mayor problema, porque todas las comunidades autónomas negocian así en sus ámbitos de interés.
El segundo afecta al reconocimiento nacional de Euskadi, y a la elaboración de un nuevo Estatuto autonómico que recoja esa petición. Como puede intuirse, el reconocimiento nacional de Euskadi no puede ir más allá de lo que decidió el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña que cepilló, precisamente en cuanto a la nación catalana de la que señalaba que era la expresión “de una idea perfectamente legítima con plena cabida en el ordenamiento democrático” como autorrepresentación “de una colectividad nacional en un sentido ideológico, histórico o cultural pero sin eficacia jurídica interpretativa”, porque el Estatuto no puede “desconocer” la “indisoluble unidad de la nación española” proclamada en la Constitución. Por cierto, la petición del reconocimiento de la nación catalana que en algún momento puso Puigdemont sobre la mesa, ha desaparecido del acuerdo con el PSOE.
Más grave, sin embargo, son las menciones a la transferencia de la administración de la Seguridad Social, en la medida que puede ser un primer paso para la ruptura de la caja única que supondría herir de muerte uno de los ejes esenciales de la solidaridad e igualdad de los españoles, el que garantiza que todos los beneficiarios reciben las mismas prestaciones independientemente de la comunidad en la que residan. Pero como con el acuerdo con los independentistas catalanes todo queda sujeto al imperio de la ley.
