Opinión

Resistir a toda costa

Lleva razón Pedro Sánchez cuando afirma que aunque el “caso Koldo” haya surgido en los cien primeros días de su nuevo gobierno suponga un momento muy duro para su partido, que accedió al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy por una sentencia de corrupción ante la que su partido se presentaba limpio, más duro fue hacer frente a un pandemia, para la que no había un manual de instrucciones. Para hacer frente a los casos de corrupción, sí.

Hasta que no termine la instrucción del juez Ismael Moreno y estén sobre la mesa todas las fichas de la investigación no se podrá determinar el alcance del caso y si Koldo García es el cortafuegos junto a su mentor, José Luis Ábalos, o si hay más dirigentes políticos de épocas pasadas o con cargos en la actualidad que puedan ser investigados por el juez. Por el momento, el impulso investigador no ha revelado una de las constantes de anteriores caos de corrupción, la financiación ilegal de un partido político. Pese a todo, harían mal Sánchez y su partido en minimizar las consecuencias del “caso Koldo” o de atribuirlo solo a la situación excepcional provocada por la pandemia y a la existencia de empresarios, comisionistas e intermediarios sin escrúpulos, porque quedan muchos episodios por aclarar definitivamente, aunque no todos con la misma relevancia y otros se apunten con intenciones aviesas, que apenas se sostienen, pero que vienen muy bien para el “ruido” creado a su alrededor. De eso también se ha quejado Pedro Sánchez, que no debe extrañarse de que el PP trate de explotar el caso hasta el último resquicio y más si no hay explicaciones contundentes que disipen todas las dudas.

Aunque al exministro Ábalos le salgan valedores, lo cierto es que el PSOE actuó con rapidez al alejarlo del partido, se ha cesado a un alto cargo del Ministerio de Transportes y ha actuado con contundencia. La magnitud del asunto la dará el número y la calidad de los investigados, y hasta dónde llegan las salpicaduras a miembros del Ejecutivo, por lo que habría que pedir al juez que no dilatara una instrucción que tenía ya bastante avanzada cuando se levantó el secreto del sumario.

Si, como parece previsible, las nuevas modificaciones introducidas en la ley de amnistía abocaran a su aprobación -pese a que el Gobierno había asegurado que no habría más cambios, una nueva claudicación-, el Gobierno tendrá vía libre para la aprobación de las cuentas públicas para el presente año, pese a los intentos del Senado de entorpecer su tramitación aun a costa de perjudicar a comunidades autónomas y ayuntamientos, y daría aliento a la legislatura a pesar de que hasta el próximo mes de junio, cuando se hayan celebrado las elecciones vascas y las europeas -un momento tradicionalmente perjudicial para el partido en el poder- la legislatura no entrará en velocidad de crucero, que es la pretensión de Pedro Sánchez.

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