Con la reunión ayer del consejo de ministros se pone fin a las vacaciones políticas del verano, en el caso de que este año pueda decirse que la actividad política haya entrado en un periodo de calma. Nada más lejos de la realidad. La elección de Pablo Casado como presidente del PP le ha tenido en modo de reacción a las decisiones del Gobierno a lo largo de este mes que ha estado repleto de acontecimientos, desde los vaivenes en materia del trato a los inmigrantes que han llegado a nuestro país, y más recientemente con la polémica en torno a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos mediante real decreto ley y el debate sobre su ‘urgencia’.
Mención aparte merece la evolución del expediente catalán a lo largo de este mes, con el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils, con la presencia del rey, y que ha continuado con las provocaciones reiteradas del presidente de la Generalitat, trufadas de amenazas al Estado, y la guerra del lazo amarillo. Y esto es solo el aperitivo porque se espera un otoño caliente conmemorativo por parte de las autoridades catalanas que va a seguir tensionando la vida pública.
Tras la reunión del gabinete los ministros se han ido de retiro espiritual a la finca de Quintos de Mora para poner en orden ideas y respuestas. Falta les hace porque todavía tienen muchos engranajes que engrasar, sobre todo en materia de inmigración. Pero antes el secretario general del PSOE había ordenado que se registrara una proposición de ley para para cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para retirar la capacidad de veto al Senado al proyecto del Gobierno, fruto de un acuerdo con Podemos. La iniciativa ha sido recibida con críticas acerbas: desde que se trata de una propuesta bolivariana a intento de golpe de Estado institucional, o laminación de la separación de poderes. Sin embargo nadie dijo nada parecido cuando Mariano Rajoy en 2012 concedió esa prerrogativa al Senado y evitó que el veto del Senado pudiera ser levantado nuevamente en el Congreso como ocurre con el resto de las leyes. Una anormalidad como dijo en su día el Consejo de Estado.
Podrá afirmarse que en aquel momento se trataba de congraciarse con Bruselas y que era preciso ofrecer el mayor número de garantías posibles acerca del cumplimiento de los objetivos de déficit impuestos por la troika. Pero es que ahora, ha sido Bruselas, tras la petición del Ejecutivo, quien ha liberado 5.000 millones de euros para comenzar a paliar los destrozos del austericidio en materia de derechos sociales y en la Seguridad Social. Y, de forma sorprendente, el PP recela de que las comunidades autónomas incrementen su capacidad de gasto mientras Bruselas no sale de su asombro viendo que el PP es más papista que el papa.
El Gobierno ha justificado la urgencia de la exhumación de Franco con referencias históricas. No es contradictorio. ¿Y acaso no eran urgentes el resto de medidas aprobadas por decreto-ley? ¿No era urgente devolver la sanidad universal, realizar una oferta pública de empleo extraordinaria, desarrollar el pacto sobre la violencia de género, que los desempleados de larga duración sigan cobrando un subsidio. Y también era urgente devolver a la radiotelevisión pública un carácter menos partidista.
