Hasta cuándo permitirán el desprestigio y el colapso de la Justicia el Gobierno, el PSOE, el PP y el resto de los responsables políticos? ¿Hasta cuándo seguirán desoyendo los varapalos de la Unión Europea? ¿Hasta cuándo seguirán poniendo por delante sus intereses partidistas frente a los de los ciudadanos? ¿Hasta dónde tendrá que llegar el deterioro para que, olvidando las ideologías, se comprometan a un pacto de Estado que saque a la justicia del vertedero de las instituciones públicas? ¿Hasta dónde serán capaces de llegar unos y otros para mantener la insostenible situación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el Gobierno, por el Congreso y el Senado, por el PP, por el PSOE y por el resto de los partidos, incapaces de llegar a un acuerdo? ¿Hasta cuándo se impedirá el normal trabajo del Tribunal Supremo, imposibilitado de cubrir un tercio vacante de sus plazas por decisión política?
¿Hasta cuándo tendremos una Fiscalía General del Estado sometida al poder político, que considera que es un brazo más de su Gobierno, y que hace nombramientos contra el criterio del Consejo Fiscal y de la ética o la estética, sin siquiera ruborizarse? ¿Hasta cuándo esperarán para poner los medios necesarios para paliar los defectos y las deficiencias estructurales de cientos de juzgados? ¿Hasta cuándo esperaremos para que la Justicia sea eficiente y no un lastre en las reclamaciones de los ciudadanos? ¿Hasta cuándo el Tribunal Constitucional será visto como una institución utilizada políticamente y no un órgano independiente? ¿ Hasta cuándo se va a seguir usando sin límite el uso del decreto ley para evadir el debate parlamentario? ¿Hasta cuándo una ministra de Justicia seguirá haciendo dejación de sus obligaciones y mirandopara otro lado, alguien que recorta los refuerzos indispensables prometidos, tiene colapsados los juzgados por huelgas de letrados y de funcionarios y amenazas de paros de jueces y fiscales y a los abogados y procuradores en las calles protestando por la imposibilidad de hacer su trabajo y de representar los legítimos intereses de sus clientes, los ciudadanos? ¿Hasta cuándo la ideología, la soberbia y la mala técnica legislativa van a seguir produciendo leyes que tienen consecuencias no indeseadas sino previsibles e indeseables sin que nadie dimita o sea cesado?
Esta semana, los abogados, secundados por los procuradores se hanmanifestado en toda España denunciando que el servicio público de la Justicia lleva meses paralizado por la huelga de los LAJ. Éstos amenazan ahora con volver a los paros porque no se cumple lo que pactaron con el Gobierno. Los funcionarios no han paralizado la suya ni siquiera por la convocatoria electoral. Y así llevamos desde enero. Nadie es capaz de decir cuántos juicios se han suspendido, cuántas pensiones han dejado de pagarse, cuántas prestaciones por desempleo no pueden cobrarse, cuántas demandas de custodia o visitas a hijos no se sustancian, cuánto dinero no pueden cobrar ciudadanos o empresas, cuántos juicios se están señalando para dentro de tres o cuatro años. ¿Diez millones de asuntos paralizados, suspendidos, retrasados? ¿Cinco años de media para la resolución de un asunto? ¿A eso se le puede llamar Justicia?
¿A nadie le importa que haya un Ministerio y una ministra fantasmas en un asunto capital para el Estado de Derecho y para la paz social? ¿Nadie echa de menos que el asunto de la Justicia, esencial para la existencia del Estado de Derecho y para la paz social, esté ausente del debate político? ¿Hasta cuándo habrá que esperar para que alguien se tome en serio la Justicia, la independencia judicial, la eficiencia al servicio de los ciudadanos y la garantía de la seguridad jurídica? De momento yo no tengo ninguna respuesta. Pero deberíamos exigírselas a los políticos.
