El 6 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la Constitución de 1978 camino a la cincuentena. Por eso, ante el panorama general de incertidumbre e inestabilidad que caracteriza la vida política de este tiempo parece pertinente tratar sobre alguna cuestión de nuestra Carta Magna hoy de palpitante actualidad.
En efecto, en el tercer inciso del preámbulo de la Constitución se plantea la cuestión de los derechos humanos y el reconocimiento de la identidad política y cultural de los pueblos de España, al señalar la necesidad de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas, tradiciones, lenguas e instituciones”.
Este principio general expresado en el preámbulo se ve traducido, en el artículo 2 de Constitución, en el reconocimiento de la identidad política de los pueblos de España, al garantizar el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española, así como la solidaridad entre todas ellas, lo que se ha concretado, tras más de tres décadas de desarrollo constitucional, en un modelo de Estado que goza de una razonable consolidación y estabilidad, como lo prueba la cantidad y calidad de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. Y desde luego que, para muchos de nosotros, este respaldo jurídico-político a la realidad plural de España es uno de los principales aciertos de nuestra Constitución y un motor para nuestro progreso cultural y político, que por supuesto, admite nuevos impulsos y nuevas formas de relación a plasmar en la reforma constitucional que precisamos.
El juego y la relación existentes entre el principio de unidad y el de autonomía, reconocidos constitucionalmente, producen lógicas tensiones que deben superarse precisamente a partir del equilibrio dinámico en que se concreta la esencia del modelo autonómico. Ante estas tensiones, hoy especialmente intensas, es necesario el sentido común y al acuerdo como metodología para el desarrollo constitucional. Particularmente en este punto –en lo referente al Título VIII-, porque nos encontramos ante una cuestión que afecta esencialmente a la misma concepción del Estado.
Por eso, cuando se calmen un poco los ánimos y vuelva la cordura y el sentido común, será el momento propicio revisar el funcionamiento del modelo y de proponer algunos ajustes que permitan que pueda funcionar mejor al servicio de los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, de mejorar el autogobierno de las Autonomías, de la posición institucional de los Entes locales, de la reforma del Senado, de la financiación…Todo ello en el marco de los principios de unidad, autonomía, integración y solidaridad, principios que son lo suficientemente amplios y flexibles como para que se busquen soluciones equilibradas que mejoren nuestro sistema.
