Las causas de la crisis económica y financiera cada vez están más claras. Existe, es cierto, una parte de responsabilidad de los poderes públicos por no haber realizado con diligencia las tareas de regulación, supervisión y vigilancia que al Estado corresponde. Pero también encontramos, qué duda cabe, el intento, muchas veces conseguido con demasiada facilidad, de convertir el lógico beneficio empresarial en el principal y único paradigma de la actividad empresarial. Los derechos de los trabajadores, desde esta posición, son secundarios. Es irrelevante, en este contexto, la utilización de mano de obra infantil, la insensibilidad ambiental, la transparencia o la justicia social. Cuestiones que acaban siendo asuntos menores si se comparan con el lucro que se debe conseguir de cualquier modo, como sea, a través de la actividad empresarial.
La denominada economía del bien común, que es una singular vuelta a los valores humanos en el mundo de la empresa, está realizando algunas importantes aportaciones en este campo. Por ejemplo, se debe premiar a las empresas que se caractericen por las buenas prácticas de manera que quienes obtienen beneficios de forma poco clara o conculcando principios éticos, lo paguen siendo castigados por el Ordenamiento jurídico.
Es decir, las empresas que promuevan el comercio justo incorporando cláusulas en sus contratos que protejan el medio ambiente, que promuevan el empleo, que faciliten la transparencia, que colaboren con las principales causas sociales, debería tener ventajas fiscales y acceso a créditos en buenas condiciones. No puede ser, de ninguna manera, que quien ofrece productos más baratos como consecuencia de la lesión de los más elementales criterios éticos pueda beneficiarse de su mala administración. Es más, a quien cumple con la justicia social, el sistema normativo debería permitirle que sus productos sean más competitivos. Es razonable. Muy razonable.
