La cuestión del pluralismo informativo, de la objetividad de la información, de la censura y, en general, de la libertad de prensa, irrumpe periódicamente en la opinión pública. Esta semana el líder de Podemos reclamaba el control de los medios de comunicación. Hace unos días se conocía la condena a un antiguo jefe de prensa del premier británico Camerón. Meses atrás el Reino Unido copó las portadas de los medios de comunicación con ocasión del escándalo de las escuchas que se llevó por delante a varios responsables de empresas informativas y que motivó que el magnate Murdock asistiera a una comisión del Parlamento. Por aquel entonces, el mismo parlamento inglés encargó al juez Leveson, siguiendo una inveterada tradición británica, la elaboración de un informe acerca de cómo evitar que se repitieran tales prácticas.
El juez concluyó el informe y los principales partidos políticos anunciaron la creación de un ente regulador con potestad sancionadora compuesto por personas independientes. Según parece el regulador será voluntario para periódicos y revistas y tendrá capacidad para obligar a los medios que publiquen disculpas en la portada cuándo hayan errado en sus informaciones.
Se trata de la primera regulación de la prensa inglesa en 300 años y los medios están divididos. Los de inspiración conservadora como The Daily Mail, The Times o The Sun señalan que el proyecto se ha realizado sin contar con la prensa y que solicitarán asesoramiento jurídico para pronunciarse, aunque ya han adelantado que no cuenten con ellos ante la presencia de gendarmes en la prensa. Los de orientación progresista como The Guardian o The Independent parecen asumir la existencia del regulador aunque señalan que la norma no es perfecta y solicitan que se corrijan algunos puntos del proyecto. El primer ministro Cameron, quizás en un intento de buscar una posición intermedia, ha reclamado un nuevo órgano de supervisión formado por no periodistas para controlar a su vez a dicho ente regulador.
Es evidente, solo basta con echar un vistazo a la prensa todo los días, que la prensa en ocasiones se extralimita en sus funciones y, con alguna frecuencia, no repara los daños que causan algunas informaciones que levantan sospechas o acusaciones infundadas sobre determinadas personas. Es el caso de las rectificaciones, no siempre publicadas con la misma, o superior, relevancia que las acusaciones o las sospechas. Es el caso de la confusión entre información y opinión. Es el caso de la publicidad, de las preferencias por ciertos enfoques políticos.
Sin embargo, que existan excesos o que se use la prensa para la comisión de delitos no reclama, sin más, que entes políticos, peor gubernamentales, se encarguen de poner en su lugar estas cosas. Estos temas, más bien, deben ser, en la medida que lesionen preceptos normativos o constitucionales, conocidos y resueltos por los jueces. No es razonable que un regulador en el que exista participación de los partidos políticos disponga de potestad sancionadora y pueda amordazar o amedrentar a la prensa. La libertad de información es sagrada y gracias a ella podemos conocer tantas veces escándalos y tropelías, sobre todo de los personajes públicos, que de otra manera quedarían ocultos. Ahora bien, los conflictos deben ser resueltos por jueces y magistrados independientes que deben exigir en sus resoluciones que el derecho de rectificación se cumpla escrupulosamente, incluso dándole mayor espacio que a las noticias sobre acusaciones o sospechas sobre las actuaciones de ciertas personas.
Esperemos que en el Reino Unido impere la cordura y los jueces y magistrados reduzcan los muy amplios poderes con que algunos miembros de la prensa suelen actuar a diario. No hay que tener miedo ni a la prensa ni a los jueces, que cada uno cumpla con su función. No es fácil pero es exigible en un Estado de Derecho, en un Estado democrático.
