Las encuestas, de diverso orden y procedencia, acerca de la opinión de la gente en relación con la política y los políticos, coinciden en poner de manifiesto la profunda distancia que existe entre la ciudadanía y los cuarteles generales de las diversas formaciones partidarias. Algunas encuestas, en España por ejemplo, sitúan la actividad política como uno de los problemas más graves que aqueja a la sociedad actual.
En este momento, según parece, los políticos son el tercer problema más grave para los españoles. Si a eso añadimos que la crisis económica y financiera que recorre el mundo trae causa, entre otras, del deficiente funcionamiento de los entes de regulación, integrados en muchas latitudes por representantes de los partidos políticos, el malestar actual con la denominada clase política encuentra alguna explicación. El gobierno del poder judicial se ha entregado a los políticos, que dominan un escenario en el que la sumisión partidaria es requisitos para alcanzar estas altas responsabilidades, tal y como también acontece, de otra manera, en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Es decir, en lugar de Estado de Derecho vivimos en un Estado de partidos, cuyas tecnoestructras tienen en sus manos el destino de los poderes del Estado.
En este ambiente, es muy difícil, aunque no imposible, que las reformas y la renovación que precisamos procedan del interior de los partidos porque sus dirigentes no parecen dispuestos a renunciar a los privilegios de los que disponen y a un status quo que les permite nombrar legiones de cargos. Por eso, es menester resolver la intensa desafección reinante entre representantes y representados, rompiendo esa partitocracia que ahoga las iniciativas, muchas de ellas procedentes de ciudadanos de a pié, de personas que podrían aportar la vitalidad de la realidad a un mundo dominado por el oficialismo y la artificialidad.
En efecto, es ya urgente renovar y reformar el sistema democrático porque la acción política no se agota en los partidos y porque quizás, dado el prestigio del que gozan hoy estas instituciones, es más fácil movilizar a la sociedad civil a partir de proyectos culturales impregnados de una determinada cultura política y cívica participativa que parte de la centralidad de la dignidad del ser humano y de la promoción de sus derechos fundamentales.
La renovación que se precisa para abrir la participación política, para erradicar las listas cerradas y bloqueadas, para impulsar procesos de mayor participación social en la determinación del interés público y del interés general, reclama que personas ilusionadas con la misión de servir a la sociedad puedan disponer de espacio para colaborar en los ya perentorios cambios y transformaciones que están a la vista de todos.
Desde esta perspectiva son posibles, entre otras, dos vías para intervenir en política desde la libertad y desde el compromiso. Una, participando directamente en las elecciones cuándo y dónde se considere pertinente a través de las agrupaciones de electores. Para ello sería imprescindible la movilización movilizarse pues para tal género de participación política se necesita no pocas firmas que avalen las candidaturas que se proyecten. La otra vía hace referencia a la suscripción de acuerdos o alianzas con partidos políticos que asuman determinados valores y principios.
Toda iniciativa que surja con el noble propósito de renovar el sistema político para que sea el pueblo realmente el protagonista de la acción política, venga de donde venga, debe ser bienvenida. De vez en cuando, ahora más dada la situación en que nos hallamos, conviene recordar que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, pues a veces, no pocas, la tentación de control y dominio hace acto de presencia con una fuerza inusitada frustrando la ilusión por los cambios y transformaciones que la sociedad española reclama a día de hoy a los actores de la política.
