La guerra de las comisiones nada tiene que envidiar a las guerras de verdad. Porque como dijo el griego Esquilo: “La verdad es la primera víctima de la guerra”. Parece que el primer objetivo en la llamada guerra de las comisiones parlamentarias sobre el caso Koldo-Ábalos es precisamente destruir la verdad, que es un concepto devaluado por cierta política de este tiempo que nos ha tocado vivir. La verdad es un soldado valiente que hay que aniquilar, porque a los que son objeto de investigación por presuntas conductas delictivas no les interesa que el héroe se salga con la suya y desenmascare las mentiras con las que se pretende tapar semejante escándalo de corrupción.
Para empezar, repare el lector que esta contienda de las comisiones de investigación en Congreso y Senado tiene una doble acepción interpretativa. De igual modo que se trata de comisiones parlamentarias, se supone que se han creado para investigar las comisiones fraudulentas de las mascarillas, es decir, mordidas, sobornos o untadas de dinero público para beneficio de intermediarios, empresas o sabe Dios qué más especies profesionales parásitas en torno al negocio de la pandemia. Y más aún, para esclarecer si esas comisiones económicas que investigan las comisiones parlamentarias se han pagado y cobrado, supuestamente, a sabiendas de que la compra era defectuosa, no haciendo falta explicar que el asunto alcanza a varios ministerios y gobiernos autonómicos socialistas que por mucho que se llame a declarar a fiscales y presidentes autonómicos de otro signo no quedan exonerados de responsabilidad en su gestión. Si acaso, con todo este revoltijo, puro ventilador de mercadillo, se pretende igualar responsabilidades, equiparar casos que son muy distintos y lograr así un empate técnico mediático que no repercuta en los procesos electorales que están en marcha.
Como es frecuente escuchar en los arrabales de la política, si el poder pretende que nunca se sepa la verdad de un hecho denunciado e investigado por la justicia lo que procede es crear una comisión de investigación, que generalmente sirve para poco. Constituida esa simulación o espejismo de un tribunal de responsabilidades políticas, de lo que se trata es de entorpecer precisamente la realidad investigada; distraer y confundir a la opinión pública y publicada con una interminable lista de comparecencias que solo servirán para difuminar bajo la neblina de la interpretación partidista la falsedad aparente de una supuesta voluntad de transparencia. Es decir, estamos ante un nuevo fraude de la separación de poderes, por cuanto el legislativo representado en ambas cámaras parlamentarias suplanta las verdaderas comisiones de investigación que son los tribunales de justicia. Una suplantación a instancias de la rivalidad política que generalmente está manejada por la mano gubernamental y sus siempre correspondidas mayorías societarias. No en vano hay una incuestionable confluencia mayoritaria de intereses entre el poder legislativo del Congreso y el poder ejecutivo de la Moncloa y sus socios.
La primera idea fuerza falaz que merodea en las trincheras de la guerra de las comisiones parlamentarias es difundir el engaño de que se trata de comisiones sobre las mascarillas que, como se sabe, no son en modo alguno objeto de investigación. No se investigan el color de las mascarillas, ni su tamaño, ni su categoría, ni el estado del mercado que las regula. En realidad lo que se investiga, lo que investigan los tribunales de justicia mientras los políticos nos enredan con el teatro parlamentario para llevarnos al huerto del embrollo, es la corrupción alrededor de la compra de material sanitario mientras los españoles estaban encerrados bajo un estado de alarma inconstitucional; mientras la gente se moría de covid y el miedo se apoderaba globalmente del mundo de los vivos. En los medios afines progubernamentales la tipografía de los titulares picarescos rezaba en grandes letras así: “COMISIONES DE LAS MASCARILLAS”, lo cual en sí mismo es un fake plagiado de la verdad investigada, pues las justicias española y europea entienden de una trama de corrupción con nombres y apellidos vinculados a unas determinadas siglas.
La guerra de las comisiones por las comisiones millonarias de las mascarillas con las que combatir la pandemia es un atrezzo más en el campo de batalla de la política. En esas barricadas figuran repentinamente otros decorados de cartón piedra como la matraca viajera de Sánchez y su estado palestino o la repentina memoria recuperada por el PSOE del alzhéimer tras su connivencia con golpistas separatistas catalanes o herederos políticos de ETA. Los socialistas caen ahora en la cuenta de que ETA fue una sanguinaria organización terrorista tras años de pactos, blanqueo y cesiones a Bildu. Realmente resulta enternecedor semejante descubrimiento de la verdad tan denostada por el relato oficialista del sanchismo. Lo que pasa es que los adeptos al régimen le ven las orejas al lobo ante la posibilidad de que los que se niegan a condenar el tiro en la nuca, el coche-bomba, el secuestro y la extorsión puedan ganar las elecciones de este domingo en Euskadi.
Una estrella llamada Ábalos
Un poco más... y los españoles tienen que dar las gracias porque el derroche de generosidad del PSOE al ceder e incluir a José Luis Ábalos en la comisión del caso Koldo-Ábalos. A ese titular le falta la verdad verdadera para dejar de ser una apariencia, pues el PSOE no había incluido a Ábalos en su numerosísimo listado de comparecientes en la comisión del Congreso, la mayoría de ellos nominados como políticos que no tienen nada que ver con la trama de corrupción investigada por los jueces.
Lo cierto y verdad es que el PSOE fue obligado por sus socios a incluir a Ábalos, al que Ferraz echó de su grupo parlamentario para integrarlo en el grupo mixto en lo que la oposición ha catalogado de paripé. Todo empezó con Koldo, el asesor de la estrella emergente llamada Ábalos en el ministerio de Transportes. Un escándalo que se extendió a Sanidad, Interior y los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias. En total, el propio gobierno español, a instancias de Bruselas, cuantifica en 17,8 millones de euros la cantidad de fondos europeos afectada por la presunta trama corrupta.
Un prófugo llamado Puigdemont
El prófugo-candidato, Carles Puigdemont, es uno de los 35 líderes del procés a los que el Tribunal de Cuentas reclama 3,1 millones de euros por los referéndums ilegales y su promoción en el extranjero.
Los condenados por el Tribunal Supremo o pendientes de condena se gastaron esa millonada de dinero público en las consultas ilegales de 2014 y 2017 y en actividades fuera de España sin base legal para ello. Entre los afectados por la reclamación del Tribunal de Cuentas están Artur Mas y los ex-consellers Junqueras,Turull, Basa, Homs, Comín y Puig. Junto a todo ello, Puigdemont está imputado por presuntos delitos de terrorismo y alta traición, lo que ni la arbitraria amnistía puede borrar de un plumazo porque el poder judicial hará su trabajo en un Estado de derecho que ni las trampas del régimen pueden noquear. Además del Fiscal del Tribunal de Cuentas, Sociedad Civil Catalana reclama 5 millones de dinero público a 11 ex-cargos del Govern catalán.
Por tanto, ese prófugo llamado Puigdemont, que además es candidato, se juega todo a gobernar o dejará caer a Sánchez.
